Desde el 1 de enero de 2017, los diez Establecimientos Públicos de Cooperación Intermunicipal (EPCI) del País Vasco norte han fusionado para constituir la Comunidad de Aglomeración del País Vasco (CAPV), conocida como Mancomunidad Vasca, dotando a ese territorio de una nueva institución representativa. Esta creación es el fruto de un largo proceso histórico marcado por guerras, revoluciones, cambios de régimen y movilizaciones, tanto de electos locales, sectores económicos, movimientos políticos como de organizaciones pertenecientes a la sociedad civil. Tras su creación, conviene interrogarse sobre los desafíos a los que se enfrentará esta institución durante los próximos años. Estos desafíos se refieren tanto a las competencias, a la gobernanza como a la financiación de la nueva entidad; sin omitir la encarnación y la articulación del territorio, su propensión a convertirse en el referente de ciertas materias así como su capacidad para transformarse en Colectividad Territorial con estatus particular. En primer lugar, la nueva Mancomunidad única debe conseguir ejercer plenamente sus competencias así como adquirir nuevas. De hecho, además de las seis competencias obligatorias previstas por la ley, a las que se añadirán de oficio la competencia de GEMAPI en 2018 y, posteriormente, las de agua y saneamiento, la Comunidad de Aglomeración del País Vasco deberá ejercer plenamente sus competencias optativas y facultativas, al tiempo que deberá hacer gala de persuasión ante los municipios-miembros para apropiarse el mayor número de competencias adicionales. Deberá igualmente negociar con el Estado, la Región y el Departamento la delegación de competencias, especialmente en materia de Euskara, cultura vasca y cooperación transfronteriza, lo que implicará la firma de convenios que precisen el ámbito y la duración de la delegación así como sus obligaciones y modalidades de supervisión. El ejercicio de competencias nuevas ira de la mano del aumento de las dotaciones financieras provenientes del Estado. En segundo lugar, es esencial garantizar una representatividad efectiva y una gobernanza eficaz de la institución específica. En efecto, la voluntad de garantizar una representación equitativa de todos los territorios que componen el País Vasco norte, y particularmente de las zonas rurales del interior, permitirá apaciguar los temores de ciertos electos locales de los municipios de Baja-Navarra y Zuberoa que tienen miedo de estar sumergidos por la nueva estructura. A ese propósito, además del criterio demográfico, a la hora de fijar el número de representantes atribuidos a cada zona, los electos se han mostrado preocupados por el hecho de garantizar una representación de todos los territorios. Asimismo, la creación de una Comisión permanente, que se añade al Consejo comunitario y al Comité ejecutivo, trata de garantizar un funcionamiento eficaz, entendiéndose que la Comunidad de Aglomeración del País Vasco deberá aportar un valor añadido en materia de gestión, lo que le...

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Los buenos resultados obtenidos por el PNV, tanto en las elecciones forales de 2015, donde ha conseguido el 33,78% de los votos y 360.279 sufragios, como en las elecciones autonómicas de 2016, en las cuales ha obtenido el 37,60% de los votos y 398.168 papeletas, han permitido a la formación nacionalista afianzarse en la primera posición y gozar de un amplia representación institucional. De hecho, dirige el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales, a los que conviene añadir las tres capitales provinciales y numerosos consistorios de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que le confiere un poder institucional considerable. Y los últimos sondeos de opinión, a imagen del sondeo EITB Focus, relativos a las intenciones de voto en las próximas elecciones municipales y forales, vaticinan una victoria del PNV en los tres territorios históricos y en dos de las tres capitales provinciales. Todo ello, en un contexto marcado por la gestión de la crisis económica iniciada en 2008 que ha supuesto un desgaste político para las formaciones en el poder y, sobre todo, por el fortalecimiento de la competencia política con la consolidación, como segunda fuerza política, de la izquierda abertzale tras el final definitivo de la lucha armada practicada por ETA, y la irrupción de Elkarrekin Podemos. La cuestión que se plantea entonces es la siguiente: ¿cómo se explica la fortaleza actual del PNV? La razón principal estriba en el posicionamiento y la estrategia elegida por la formación jeltzale que puede resumirse en tres palabras: centralidad, transversalidad y moderación. En primer lugar, el PNV, liderado por Andoni Ortuzar, ha optado por recuperar la centralidad política que significa situarse en el centro del tablero político, lo que implica, por una parte, ser la primera formación política con cierta diferencia respecto al segundo partido, y, por otra parte, ser capaz de llegar a acuerdos con distintas formaciones, tanto nacionalistas como constitucionalistas. Antes de su escisión en 1986, que desembocó en la creación de Eusko Alkartasuna y supuso un sangría de votos considerable, el Partido Nacionalista Vasco fue la primera formación política con el 38,10% de los sufragios en las elecciones autonómicas de 1980 y con el 42,01% de los votos en el escrutinio al Parlamento Vasco de 1984, muy por delante de las demás formaciones políticas encarnadas por el Partido Socialista de Euskadi y Herri Batasuna. Esto le permitió gobernar en solitario en ambas legislaturas y llegar a acuerdos, más o menos puntuales, con partidos de la oposición, tanto sobre los presupuestos como sobre los proyectos de ley. Tras esa escisión, que fue traumática, el PNV consiguió recuperar paulatinamente parte del electorado perdido en detrimento de EA que iba perdiendo fuerza. Posteriormente, con la fuerte progresión electoral de la izquierda...

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aEl Primer ministro y la ministra de Trabajo galos han presentado el contenido de las ordenanzas que contemplan una profunda transformación del código de trabajo. Esta reforma laboral, que consta de 159 páginas y 36 medidas concretas, se inscribe en la continuidad de la Ley para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades económicas, conocida como Ley Macron, y de la Ley El Khomri, aprobada definitivamente el 21 de julio de 2016. Esta última flexibiliza numerosas reglas del código de trabajo privilegiando la negociación empresarial en detrimento de la negociación sectorial, por ejemplo en materia de jornada laboral, y consta de medidas relativas al despido económico, las horas extraordinarias y el referendo de empresa. Contempla, sin embargo, algunos avances para los trabajadores, tales como la generalización de la garantía joven a todo el territorio, el reconocimiento del derecho a la desconexión o la instauración de una cuenta penibilidad. No en vano, la aprobación de esta ley dio lugar a importantes movilizaciones impulsadas por los sindicatos de trabajadores y de estudiantes que obligaron el gobierno socialista a renegociar el texto y provocaron un desgaste político innegable. Precisamente, para evitar la repetición de semejantes oposiciones, Emmanuel Macron, desde la campaña electoral de las elecciones presidenciales, anunció claramente su intención de proceder a una nueva reforma laboral para dar una mayor flexibilidad, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. A su vez, afirmó su voluntad de aprobar, lo antes posible, esta reforma a través de ordenanzas, comparables a decretos-ley, y de proceder a una concertación previa con los agentes sociales, como lo contempla la ley antes de introducir cualquier modificación en el código de trabajo. Es la razón por la cual, tras ser elegido y después de gozar de una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, pidió a su ministra de Trabajo, que iniciara una ronda de contactos con los agentes sociales, que fueron recibidos en varias ocasiones por la ministra y sus colaboradores de manera individualizada para evitar la constitución de un frente sindical. Paralelamente, el gobierno solicitó al Parlamento la autorización de aprobar esta reforma por ordenanzas, lo que implicaba que, tras recibir el visto bueno del consejo de Estado y una vez aprobadas en consejo de ministros el 20 de septiembre de 2017, serán promulgadas al día siguiente. Estas ordenanzas contemplan una serie de cambios sustanciales. En primer lugar, prevén la instauración de un baremo de las indemnidades por despido improcedente, con unos mínimos y unos máximos. A partir de su aprobación, un trabajador despedido en estas circunstancias solo podrá obtener un máximo de veinte meses de salario tras treinta años de antigüedad. Ese límite será de seis meses después de dos años de antigüedad en la...

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Desde la creación del Estado Islámico y la instauración del califato tanto en Irak como en Siria, el yihadismo islamista ha cometido una serie de atentados, algunos de gran magnitud, en varias ciudades europeas: París, Londres, Berlín o Barcelona. Como lo indica Farhad Khosrokhavar, autor del libro “Radicalisation”, el yihadismo europeo sigue un doble modelo. Por una parte, el modelo de individuos desamparados, a menudo constituido por refugiados cuyas solitudes de asilo han sido desestimadas por las autoridades, a la imagen del joven tunecino autor del atentado en la capital germana el 19 de diciembre de 2016, o de personas aisladas que se caracterizan por padecer problemas de integración social. Algunos de ellos sufren incluso trastornos psicológicos. Los atentados cometidos en Londres el 22 de marzo de 2017 se inscriben en esta lógica. Estos últimos, ni son solicitantes de asilo ni, a menudo, inmigrantes de primera generación, sino individuos que han decidido cometer ataques sin recibir una orden expresa del Daech. Utilizan para ello métodos poco sofisticados, como el atropello masivo, que exige un escaso adiestramiento y recursos económicos limitados. Por otra parte, encontramos el modelo de grupos, estructurados y más o menos entrenados al manejo de armas y explosivos, compuestos por una docena de personas que deciden cometer atentados utilizando explosivos o armas de guerra, tales como las kalachnikov. Los autores de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París así como, aunque sea en menor medida, los que han perpetrado los atentados de Barcelona y Cambrils siguen ese modelo. Algunos de ellos han recibido sus órdenes del Estados Islámico y han realizado estancias en territorios contralados por el Daech (Irak, Siria, Libia o Yemen) o grupos afines como Al Qaeda, donde, además de ser adoctrinados, han seguido un entrenamiento militar e incluso han participado en combates. Pero, más allá de estos modelos y de la diversidad innegable de los yihadistas involucrados en estos atentados, es posible identificar una serie de rasgos comunes. En primer lugar, llama la atención el hecho de que la gran mayoría de los autores de estos ataques sean hombres, aunque mujeres hayan formado parte del aparato logístico que ha prestado ayuda, se hayan desplazado a Siria o Irak para acompañar a sus maridos o conyugues o incluso hayan intentado cometer atentados, como el atentado frustrado de París ante la catedral Notre Dame el 10 de septiembre de 2016. No en vano, especialmente en el caso de los grupos organizados, como los de París y Barcelona, la totalidad de los miembros eran varones. Esto resulta de la concepción rigorista y tradicionalista del Islam a la que obedecen los yihadistas, ampliamente marcada por el salafismo y el wahabismo, que atribuye un rol secundario...

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Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 se han caracterizado por importantes variaciones de votos, tanto a nivel estatal como a nivel del País Vasco sur. Así, el Partido Popular ha perdido 3.655.680 votos y el PSOE 1.472.132 sufragios, a pesar de estar en la oposición, mientras que Podemos ha irrumpido con fuerza con 5.160.709 papeletas, así como Ciudadanos. Las variaciones no han sido menores en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra puesto que EH Bildu ha perdido 115.186 sufragios, todo lo contrario de la formación morada que gana 397.000 papeletas. La comprensión de estas oscilaciones, a veces notables, supone distinguir tres tipos de votos: el voto estratégico, el voto sanción y el voto volátil. El voto estratégico significa que el votante, en un cálculo coste-beneficio y en función del contexto marcado por oportunidades y obstáculos, decide votar por uno u otro partido. Ese voto se ha manifestado en la CAV en estas elecciones donde una parte no desdeñable del voto de la izquierda abertzale se ha transferido a Podemos pensando que, en unas elecciones generales marcadas por un retroceso del bipartidismo y la irrupción de partidos emergentes, el voto a favor de la formación liderada por Pablo Iglesias propiciaría la reforma de la Constitución española para posibilitar el ejercicio del derecho a decidir tanto en Cataluña como en el País Vasco y la flexibilización de la política penitenciaria. La apertura mostrada por Podemos sobre la cuestión territorial ha favorecido esa transferencia de votos, especialmente en Gipuzkoa y Araba donde la formación emergente ha llegado en primera posición. Pero, lo propio del voto estratégico es que puede variar sobremanera de una elección a otra en función de las circunstancias y de lo que está en juego. El voto sanción traduce una voluntad del elector de castigar a un partido, a menudo en el gobierno, por su gestión y/o su mala conducta. El Partido Popular ha padecido de manera manifiesta ese voto como consecuencia de sus políticas de austeridad, sinónimas de recortes en las políticas y prestaciones sociales y de incrementos sucesivos de los impuestos, y de los casos de corrupción que se han sucedido a lo largo de la legislatura que acaba de terminar. El voto sanción se traduce, bien por la abstención de antiguos electores del PP, bien por la elección de otras opciones como puede ser Ciudadanos. A través de ese voto, el elector desea trasladar un mensaje de desaprobación y de condena por las políticas llevadas a cabo y las conductas mantenidas por los dirigentes de esta formación política. El voto sanción puede igualmente afectar a un partido de la oposición por su incapacidad a encarnar una alternativa atractiva y creíble. Y el...

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La segunda vuelta de las elecciones regionales en Francia ha estado marcada por un notable incremento de la participación, con el 58,53% frente al 49% en la primera vuelta, es decir un aumento del 9,53%. Ese incremente es fundamentalmente el hecho de los electores de izquierdas que se han movilizado en mayor medida, bien para apoyar a sus candidatos clasificados para la segunda vuelta, bien para seguir las consignas de voto lanzados tanto por el Gobierno de Valls como por el Partido Socialista a favor de los candidatos de la coalición formada por Les Républicains, UDI y Modem en las regiones en las cuales el Frente Nacional había obtenido sus mejores resultados. En ese sentido, el “frente republicano”, aunque sea unilateral, ha desempeñado su labor de contención del partido de extrema derecha. Adentrémonos en los resultados obtenidos por cada una de las listas. La derecha y el centro-derecha llegan en primera posición tanto en votos (40,24%) como en número de regiones puesto que sus listas han ganado en 7 de las 13 regiones en juego, entre las cuales figura la simbólica y poderosa región Île-de-France. Si estos resultados suponen un claro auge con respecto a las comicios de 2010, donde la derecha solo cosechó 2 de las 22 regiones, se trata de una victoria con sabor agridulce dado que al aumento no es significado en votos y porcentajes y, sobre todo, porque su victoria en dos de las siete regiones obtenidas se debe a la retirada de las listas del Partido Socialista-Partido Radical Socialista y al llamamiento hecho por los líderes socialistas de votar a favor de los candidatos de derechas. Más allá, la línea dura encarnada y defendida por Nicolas Sarkozy que consiste en apropiarse temáticas y discursos de la extrema derecha con la esperanza de atraer a parte de sus votantes ha mostrado sus límites y está generando una viva controversia en el seno de su partido. Líderes de la talla de Juppé, Raffarin y Kosciusko-Morizet se han mostrado críticos con esta estrategia y, algunos de ellos, cuestionan abiertamente el liderazgo de Sarkozy; más aún teniendo en cuenta que se inicia la campaña por las primarias que designará el candidato de la derecha en la próximas elecciones presidenciales. El Frente Nacional, por su parte, fue la clara vencedora de la primera vuelta pero no ha conseguido transformar el ensayo haciéndose con una o dos regiones. De hecho, a pesar de haber conseguido el 28% de los sufragios y haber superado el 40% de los votos en Nord-Pas de Calais-Picardie y PACA, no gobernará ninguna región. No en vano, consigue afianzar su implantación e incluso ampliar su electorado puesto que ha conseguido 6,82 millones de votos, es decir...

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