En progresión en los últimos escrutinios electorales, EH Bildu goza de un crecimiento potencial no desdeñable en los años venideros, a la vez, porque no ha alcanzado todavía su techo electoral del periodo 2011-2012 y porque, en razón de su posicionamiento, su estrategia y sus pactos, puede aspirar a superar sus mejores resultados alcanzados tras el final de la lucha armada practicada por ETA. De hecho, en las elecciones generales de 2019, la formación independentista progresó tanto en votos (+17.974) como en escaños (+1), y, sucedió algo parecido en las elecciones al parlamento de Gasteiz de 2020 donde cosechó 24.408 sufragios adicionales y 3 diputados más. La Comunidad Foral de Navarra no constituyó ninguna excepción al respecto, dado que, en las elecciones municipales de 2019, EH Bildu obtuvo 67.515 votos (+3,28%) y 320 concejales, siendo la primera fuerza en cuanto a número de ediles, por delante de Navarra Suma (298). Quedan lejos los resultados cosechados en las elecciones generales de 2015 y 2016 así como en las elecciones autonómicas de 2016, fuertemente marcados por la irrupción de Podemos, que se tradujo, momentáneamente, por una pérdida de apoyo electoral y de representación institucional en beneficio de la formación morada. Las elecciones municipales y forales del 28 de mayo de 2023 parecen confirmar, a tenor de los últimos sondeos sobre intención de votos, una progresión de la izquierda soberanista en votos, en porcentajes así como en número de representantes, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral de Navarra. Así, según el sondeo realizado por Aztiker, en Gipuzkoa, EH Bildu obtendría el 33,6% de los sufragios (+2%) y ganaría 2 escaños; en Bizkaia, conseguiría el 21,3% de los votos (+1,6%) y 1 edil más; en Araba, cosecharía el 22,2% de las papeletas, es decir un incremento del 1,2% con respecto a las elecciones forales de 2019. En Nafarroa, también, la formación nacionalista progresaría tanto en votos (+1,6%) como en escaños (+1). Los sondeos realizados por otros institutos confirman ese auge de la intención de votos a favor de EH Bildu. Así, el último Sociómetro indica que “EH Bildu reforzaría su segundo puesto, acortando distancias [con el PNV] y sumando representación en todos los casos”. De hecho, ganaría el 1,5% en Gipuzkoa, dos puntos en Bizkaia y un punto adicional en Araba. Augura un avance similar en las tres capitales provinciales de la CAV, puesto que ganaría un escaño más en Gasteiz (7 escaños), en Donostia (7 escaños) y en Bilbo (5 escaños). Incluso en semejante caso, EH Bildu no habría alcanzado todavía su techo electoral en cuanto a número de votos. En efecto, en las elecciones forales de 2011 acontecidas en la CAV, Bildu consiguió 273.148 votos; en las...

Hoy en día, se constata una menor transmisión intergeneracional en el ámbito político, de modo que las ideas, los principios y los valores se transmitan, en menor medida, de una generación a otra. A ese respecto, conviene precisar que la transmisión no significa una actitud activa del emisor y una postura pasiva del receptor, ni tampoco un proceso de mera apropiación y asimilación por la nueva generación, sino una dinámica de interpretación, remodelación, aceptación o rechazo. En ese sentido, la transmisión es un fenómeno complejo en constante evolución en el cual los más jóvenes juegan un papel activo, reflexivo y crítico. A pesar de ello, una visión anticuada de la transmisión prevalece hoy en día, lo que conduce las antiguas generaciones a ser particularmente cautelosas a la hora transmitir sus convicciones políticas a los más jóvenes por no querer imponerlas y las nuevas generaciones a rechazar cualquier influencia de sus mayores en nombre de su libertad individual inalienable. Esta situación es indisociable de las mutaciones acontecidas a lo largo de las últimas décadas en varios ámbitos. Por una parte, sobre todo en Hegoalde, mientras que el franquismo fue asociado a la represión, la imposición y la prohibición, la democracia lo es a la libre determinación, de modo que cualquier inculcación e instrucción sea percibida negativamente. Por otra parte, el modelo familiar tradicional basado en la autoridad de los padres sobre los hijos y un claro reparto de roles, a menudo de carácter tradicional, ha dejado lugar a una familia afectuosa, protectora y solidaria donde la imposición es sustituida por la negociación y en la cual la sugerencia reemplaza la obligación. Sucede algo parecido en el ámbito educativo donde la clase magistral impartida por un profesor detentor del saber y que exige una escucha y una disciplina de los alumnos, deja lugar a un docente animador carente de autoridad. Por último, el desarrollo masivo de las nuevas tecnologías y los cambios rápidos generados en el mundo laboral hacen que las nuevas generaciones consideren que tienen poco que aprender de las antiguas cuyas competencias y habilidades serían obsoletas y, por lo tanto, inútiles. Todo ello provoca una deslegitimación e incluso una estigmatización de la transmisión intergeneracional, que afecta igualmente a la esfera política. De manera más o menos consciente, en su afán de no ser asociados al modelo franquista, frecuentemente, los más ancianos se reprimen a la hora de transmitir a sus hijos y nietos sus visiones de la política e incluso sus vivencias personales. En ese sentido, en numerosas familias, las prohibiciones, las humillaciones e incluso las torturas sufridas durante la dictadura no son objeto de un relato pormenorizado, de modo que se produzca una pérdida irreparable en la transmisión...

La reforma de las pensiones que acaba de ser aprobada en Francia, tras recibir el visto bueno del Tribunal Constitucional y ser promulgada por el presidente de la República, ha puesto de manifiesto la triple crisis que atraviesa el modelo francés, a la vez, democrática, social y de seguridad. En efecto, con el transcurso del tiempo, el Hexágono ha dejado de ser una democracia plena, caracterizada por una cultura democrática consolidada, un equilibrio de los poderes, unas instituciones representativas y una confianza entre la clase política y los electores. Asimismo, la democracia social, basada en el reconocimiento de los sindicatos representativos, la fluidez del diálogo social y fortaleza de la negociación colectiva, parece pertenecer a un pasado lejano. Por último, la doctrina del mantenimiento del orden público, elaborada y practicada por el prefecto Maurice Grimaud en 1968 y fundamentada en la elusión del enfrentamiento directo, el distanciamiento, el uso proporcional de la fuerza y la utilización de unidades profesionales, ha sido abandonada paulatinamente. Por lo cual, conviene detenerse en esta triple crisis. En primer lugar, la democracia representativa muestra claros signos de agotamiento. Además de enfrentarse a un declive constante y pronunciado de la participación electoral en todos los escrutinios, tanto locales, regionales, estatales como europeos, lo que reduce el apoyo electoral de los cargos electos y su legitimidad política, las instituciones de la Quinta República, que fueron elaboradas, tras el intento fallido de golpe de Estado, a medida para el General de Gaulle y para favorecer la constitución de mayorías claras, muestra sus límites. Conviene recordar que, tanto en 2017 como en 2022, Emmanuel Macron fue elegido presidente con el voto prestado de numerosos electores de izquierdas que votaron a su favor, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para evitar la llegada al poder de la extrema derecha, de modo que su elección no signifique un apoyo explícito ni a su programa electoral ni a su figura. Además, en las últimas elecciones legislativas, Macron no gozó de una mayoría parlamentaria. En lugar de asumir esta realidad política, lo que hubiese supuesto cambiar su manera vertical de gobernar y buscar mayorías parlamentarias, ha querido gobernar como si gozara de la mayoría absoluta y de la adhesión de la ciudadanía a su programa. Esto lo ha llevado a utilizar todas las disposiciones contempladas en la Constitución gala, entre las cuales se encuentra el artículo 49.3, para reducir la duración del debate parlamentario y, sobre todo, aprobar el proyecto de ley sin votación, lo que supone un menosprecio del parlamento.   En segundo lugar, desde el inicio, el gobierno de Elisabeth Borne ha rechazado negociar la reforma de las pensiones con los agentes sociales, conformándose con informarles sobre sus intenciones...

Asistimos a un auge de la incertidumbre. Robert Castel fue uno de los primeros en tomar la medida de ese rasgo característico de las sociedades contemporáneas. Tras analizar las metamorfosis de la cuestión social, sinónimas de debilitamiento de la sociedad salarial, observa que la incertidumbre no cesa de crecer para los individuos que gozan cada vez menos de las protecciones sociales que habían ofrecido hasta entonces cierta estabilidad y, por lo tanto, previsibilidad a los trabajadores de la sociedad industrial. Resultan de todo ello unos procesos de “descolectivización” y de “reindividualización” que fragilizan a los individuos.  No en vano, ese auge de la incertidumbre no se limita al mundo del trabajo, sino que se extiende a todas las esferas de actividad, de la vida política a la estructura económica pasando por el ámbito cultural; sin olvidar el cambio climático y las tensiones geopolíticas. Más aún, esta incertidumbre crece en intensidad, como lo atestigua la sucesión de acontecimientos imprevistos que se han producido a lo largo de los últimos años sin haber sido anticipados por la mayoría de los responsables políticos y observadores, a la imagen de la crisis financiera de 2008, la crisis migratoria de 2015, el Brexit, la elección de Donald Trump, la pandemia del Covid-19 o la invasión de Ucrania.  Más allá de estos acontecimientos que han tenido consecuencias considerables sobre nuestras sociedades, es preciso constatar que esta diversificación e intensificación de la incertidumbre se traduce por el hecho de que esta última se convierte en un elemento perene de las sociedades contemporáneas. En ese sentido, lejos de constituir un fenómeno provisional, resultante de una coyuntura marcada por una recesión económica, una crisis sanitaria o un enfrentamiento bélico, es estructural y duradero, puesto que traduce una transformación en profundidad de las sociedades actuales.   Esta situación resulta, en gran parte, del debilitamiento de los grandes relatos, de la aceleración de los cambios a la obra, de la fragmentación del cuerpo social y de la individualización creciente. En efecto, es indisociable de la erosión de los grandes relatos y de las entidades que los promueven, como pueden ser el declive de la religión católica, el debilitamiento de la ideología comunista, el agotamiento del ideal democrático o el impasse del liberalismo económico. Ese declive se ha acompañado de una aceleración de los cambios en todos los ámbitos, del calentamiento climático a las crisis económicas pasando por las recomposiciones políticas y las crisis sanitarias. A su vez, está vinculada a la fragmentación creciente de la sociedad sinónimo de fragilización de la sociedad salarial y del capital social, de erosión de las estructuras familiares y conyugales tradicionales, y de fragmentación del sistema educativo. Por último, es inseparable de la individualización creciente de...

Históricamente marcada por una cultura política jacobina y una organización administrativa centralizada, dirigida por una alta función pública sumamente homogénea proveniente de las Grandes Escuelas donde se forman las élites de país, la política social diseñada y posteriormente implementa en Francia ha sido objeto de descentralizaciones sucesivas a partir de inicios de los años ochenta: la primera tiene lugar en 1982-1983, la segunda en 2003-2004 y la tercera en 2014-2015. Esto se traduce por el hecho de que las administraciones territoriales gocen de competencias crecientes en esta materia.  En semejante contexto, la política social llevada a cabo en el País Vasco norte es de carácter multinivel, puesto que, paralelamente al gobierno central y al parlamento galo que continúan gozando de buena parte del poder legislativo e incluso reglamentario y controlando la mayor parte de las fuentes de financiación, tanto el Departamento de los Pirineos-Atlánticos, convertido en jefe de filas de la política social desde la ley constitucional de 2003, como la Mancomunidad Vasca creada en 2017 y los 158 municipios de Iparralde han asumido competencias crecientes tanto en ayuda como en acción social.  Esto se traduce por la concesión y gestión de une serie de prestaciones y servicios por dichas administraciones, intentando afrontar, de la mejor manera y de la forma más ajustada posibles, los desafíos sociales y socio-sanitarios a los cuales se enfrenta el territorio y, concretamente, la acogida de nuevos habitantes en un contexto de fuerte crecimiento demográfico; la construcción de viviendas, sobre todo sociales, en cantidades suficientes, especialmente en las zonas bajo tensión situadas en la costa labortana; la ayuda prestada a las familias monoparentales cuyo número no para de crecer con el incremento de los divorcios y de las separaciones; la atención de las personas mayores, particularmente aquellas que se encuentran en una situación de dependencia; y, el amparo proporcionado a los trabajadores precarios como consecuencia de la desregulación del mercado laboral. No obstante, si la gestión se produce en gran medida a nivel local, las principales decisiones continúan tomándose a nivel estatal, de modo que la desconcentración prevalga a menudo sobre la descentralización propiamente dicha y que la política social no se ajuste necesariamente a las necesidades específicas de la población local. Esta situación se explica por la prevalencia de una cultura republicana, tanto en la clase política como en la administración pública, que prioriza la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley en lugar de buscar una mayor eficacia de la acción pública. A su vez, el Departamento no es necesariamente el nivel apropiado, por una parte, porque las reformas territoriales de 2014 y 2015 se han traducido por su debilitamiento competencial y presupuestario, y, por otra parte, porque el Departamento de...