UN MODELO EN CRISIS
Las dificultades para obtener una cita en Osakidetza, las largas listas de espera para ser operado, los problemas para contratar personal sanitario, la alta interinidad en la función pública, la mala calidad de la comida ofertada en ciertos centros escolares o las huelgas de los profesionales en las residencias para personas mayores ponen de manifiesto que el modelo de gestión de los servicios públicos que ha sido implementado a lo largo de las últimas décadas está crisis. Este profundo malestar, tanto de los profesionales como de la propia ciudadanía, hunde sus raíces en un modelo mixto elaborado tras la transición que se basa en la colaboración entre administraciones públicas, empresas privadas y entidades del tercer sector. Un sector público duraderamente atrofiado y escasamente financiado se compagina con una externalización y delegación de numerosas tareas, bien a través de concursos públicos a los que se presentan empresas privadas, bien vía subvenciones concedidas a asociaciones sin ánimo de lucro. En efecto, el modelo actual surge del franquismo, donde prevalece un reparto del tareas entre el Estado (que asume las funciones regalianas) y la Iglesia católica (que se encarga de la educación, la sanidad y la asistencia social), una escasa presión fiscal y una práctica de la beneficencia social, muy alejada del Estado social y, qué decir, del Estado de Bienestar que se desarrolla en la mayoría de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Y la transición no introduce una ruptura con el modelo anterior sino que busca compaginar el antiguo régimen con la monarquía parlamentaria que surge a raíz de la Constitucion española, el Estatuto de Autonomía de Gernika y el Amejoramiento Navarro. A partir de entonces, la CAV se dota progresivamente de un Estado social, compaginando las entidades existentes, a menudo asociados a la Iglesia católica como Cáritas, con las administraciones territoriales de nueva creación. Todo ello está financiado por una fiscalidad poco progresiva y cuya presión es netamente inferior al de los países europeos más avanzados. Esto da lugar a un modelo de servicios públicos donde las administraciones autonómicas, forales y municipales se han dotado de servicios que gestionan directamente a través de entidades propias y de empleados específicos, aunque el 40% del personal de Osakidetza y de la enseñanza no universitaria sea interino y se externalicen numerosas actividades a entidades privadas. Por una parte, las administraciones vascas sacan a concurso público, con los pliegos de condiciones correspondientes, toda una serie de actividades, tales como la seguridad, la limpieza o la comida, a los que se presentan empresas privadas con ánimo de lucro. Para conseguir estos contratos ganando dinero, estas empresas compaginan una precariedad laboral manifiesta con un servicio de escasa calidad, lo que se traduce...
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