En unas elecciones autonómicas que se anuncian muy reñidas entre las dos formaciones nacionalistas vascas, EH Bildu y PNV, donde los últimos escaños pueden decidirse por un puñado de votos, el voto útil se convierte en primordial, especialmente entre los partidos de izquierdas. De hecho, tres corrientes políticas y cuatro listas se disputan el voto de izquierdas, en un contexto marcado por el retroceso paulatino pero constante de la izquierda confederal desde que alcanzó su techo electoral en 2016, dado que Podemos se convirtió en la primera fuerza política de la Comunidad Autónoma Vasca en las elecciones generales de 2016 con el 29,05% y 333.730 sufragios; la relativa estagnación del Partido Socialista de Euskadi que se halla muy lejos de sus mejores resultados que obtuvo en las elecciones al parlamento vasco de 2009 con el 30,36% y 318.112 votos; y la progresión constante de la izquierda independentista que acaba de cosechar sus mejores resultados electorales en los últimos dos escrutinios: el 29,21% y 297.181 votos en las elecciones municipales de 2023 y 335.129 sufragios en las elecciones generales del mismo año. En ese sentido, hace tiempo que la izquierda confederal, representada en su momento por Elkarrekin Podemos y actualmente por Podemos y Sumar, ha dejado de representar una verdadera alternativa en la CAV, dado que no ha parado de perder votos y escaños desde 2016. En efecto, en las elecciones autonómicas, cosechó el 14,86% y 157.334 votos en 2016, el 8,05% y 72.113 sufragios en 2020 y el último sondeo efectuado por EITB Focus le concede tan solo el 3,7% de las papeletas. Las divisiones internas y la incapacidad para ponerse de acuerdo en torno a una lista unitaria y un programa común han mermado su credibilidad en buena parte del electorado que opta por otras candidaturas, EH Bildu y en menor medida PSE, o por la abstención. Se trata de una tendencia observable en otros territoriales del Estado, como en Galicia donde carece de representación institucional en el parlamento gallego a raíz de las últimas elecciones autonómicas que han tenido lugar el pasado 18 de febrero, ya que buena parte de sus votantes han decidido concentrar su voto en el BNG liderado por Ana Pontón. Algo similar puede acontecer en la CAV, aunque sea en menor medida.  El Partido Socialista de Euskadi tampoco representa una alternativa real, dado que gobierna en coalición con el PNV en las últimas legislaturas y gobernó incluso en solitario, con el apoyo externo del PP, en la legislatura 2009-2012. En ese sentido, es tributario de las orientaciones generales fijadas por el Gobierno Vasco y por las políticas públicas llevadas a cabo por dicho ejecutivo, bien directamente por consejeros socialistas, bien por consejeros pertenecientes...

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En los últimos años, especialmente en la Comunidad Autónoma Vasca, estamos asistiendo a una inversión progresiva del discurso sobre la discriminación lingüística donde los hispanohablantes pretenden estar discriminados por no dominar el euskera, lo que les impediría acceder a ciertas plazas de la función pública o les penalizaría en su carrera profesional, dado que el conocimiento de la lengua propia del territorio es reconocido como mérito en las ofertas públicas de empleo. Lejos de limitarse a una mera percepción social o a una opinión individual, se traduce por la presentación de recursos ante los tribunales, a veces apoyados por sindicatos de ámbito estatal. Varios de estos recursos han dado lugar a sentencias favorables a los demandantes, poniendo en cuestión la exigencia del conocimiento de la lengua de Etxepare e incluso el sistema de perfiles lingüísticos en vigor en la administración vasca. En efecto, desde el año 2020, varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han anulado cláusulas, condiciones o requisitos sobre el euskera.   Una de las últimas sentencias resulta del recurso presentado por un particular ante la Sala de lo contencioso-administrativo n°2 de Donostia contra las bases generales del proceso selectivo de la Oferta Pública de Empleo del personal administrativo para la estabilización del empleo aprobado por la Diputación Foral de Gipuzkoa el 29 de diciembre de 2022. Presentado en la fase final del proceso de adjudicación de las plazas, tras la publicación de la lista de las 119 personas seleccionadas, provoca la suspensión cautelar del proceso en cuestión a la espera de una sentencia firme. Dichas bases pretenden garantizar, a través de un concurso de méritos, que los empleados públicos de la entidad foral estén en condiciones de atender al público y de responder a las solicitudes de los usuarios en la lengua oficial elegida por estos últimos. En ese sentido, la propia Diputación Foral estima que “pedir como requisito a una persona empleada pública que sepa euskera, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, no puede considerarse una discriminación”. La normativa en vigor ampara dicha institución. De hecho, no solamente el artículo 3 de la Constitución española reconoce el euskera como la lengua oficial de esa Comunidad Autónoma y considera que esta lengua “es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, sino que el artículo 6 del Estatuto de Gernika establece que el euskera, como “lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas”. Y añade que “nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua”. Además, la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica...

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Las dificultades para obtener una cita en Osakidetza, las largas listas de espera para ser operado, los problemas para contratar personal sanitario, la alta interinidad en la función pública, la mala calidad de la comida ofertada en ciertos centros escolares o las huelgas de los profesionales en las residencias para personas mayores ponen de manifiesto que el modelo de gestión de los servicios públicos que ha sido implementado a lo largo de las últimas décadas está crisis. Este profundo malestar, tanto de los profesionales como de la propia ciudadanía, hunde sus raíces en un modelo mixto elaborado tras la transición que se basa en la colaboración entre administraciones públicas, empresas privadas y entidades del tercer sector. Un sector público duraderamente atrofiado y escasamente financiado se compagina con una externalización y delegación de numerosas tareas, bien a través de concursos públicos a los que se presentan empresas privadas, bien vía subvenciones concedidas a asociaciones sin ánimo de lucro.   En efecto, el modelo actual surge del franquismo, donde prevalece un reparto del tareas entre el Estado (que asume las funciones regalianas) y la Iglesia católica (que se encarga de la educación, la sanidad y la asistencia social), una escasa presión fiscal y una práctica de la beneficencia social, muy alejada del Estado social y, qué decir, del Estado de Bienestar que se desarrolla en la mayoría de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Y la transición no introduce una ruptura con el modelo anterior sino que busca compaginar el antiguo régimen con la monarquía parlamentaria que surge a raíz de la Constitucion española, el Estatuto de Autonomía de Gernika y el Amejoramiento Navarro. A partir de entonces, la CAV se dota progresivamente de un Estado social, compaginando las entidades existentes, a menudo asociados a la Iglesia católica como Cáritas, con las administraciones territoriales de nueva creación. Todo ello está financiado por una fiscalidad poco progresiva y cuya presión es netamente inferior al de los países europeos más avanzados. Esto da lugar a un modelo de servicios públicos donde las administraciones autonómicas, forales y municipales se han dotado de servicios que gestionan directamente a través de entidades propias y de empleados específicos, aunque el 40% del personal de Osakidetza y de la enseñanza no universitaria sea interino y se externalicen numerosas actividades a entidades privadas. Por una parte, las administraciones vascas sacan a concurso público, con los pliegos de condiciones correspondientes, toda una serie de actividades, tales como la seguridad, la limpieza o la comida, a los que se presentan empresas privadas con ánimo de lucro. Para conseguir estos contratos ganando dinero, estas empresas compaginan una precariedad laboral manifiesta con un servicio de escasa calidad, lo que se traduce...

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Las sociedades contemporáneas se enfrentan, cada vez más, al auge de la incertidumbre que se extiende a todas las esferas de actividad, de la vida política a la actividad económica pasando por los ámbitos sociales, culturales, geopolíticos y climáticos. Además de diversificarse, la incertidumbre se intensifica, de lo que da cuenta la multiplicación de acontecimientos imprevistos que se han multiplicado en los últimos años y que no habían sido anticipados por la mayoría de observadores y expertos, a la imagen de la crisis financierade 2008, la crisis migratoria de 2015, el Brexit, la elección de Donald Trump, la pandemia del coronavirus o la guerra en Ucrania. De hecho, en razón del fin de los grandes relatos, la aceleración del cambio, la fragmentación social creciente, el auge del individualismo y la profundización de la globalización, vivimos, de manera creciente, en unas sociedades de la incertidumbre, lo que desemboca en un incremento de los riesgos que, a su vez, generan una inseguridad y una sensación de inseguridad, sobre todo en el ámbito social; sabiendo que todos los países, comunidades, grupos sociales e individuos no se ven afectados de la misma manera por esta incertidumbre y sus efectos. No en vano, en todos los casos, genera una dificultad que va en aumento para anticipar los acontecimientos y proyectarse en el futuro, lo que produce una combinación de ansiedad y rabia que se repercute en el auge de fenómenos contemporáneos, tales como el presentismo, el populismo, el conspirativismo o el fundamentalismo. No obstante, los actores, sean individuales o colectivos, públicos o privados, locales o internacionales, no permanecen inactivos ante esta incertidumbre e intentan atenuar sus efectos nefastos de diversas maneras. Así, procuran reforzar las regulaciones a fin de reducir la inestabilidad e imprevisibilidad de las situaciones, que se trate de las medidas que aspiran a regular en mayor medida los mercados y las transacciones financieras, las normas aprobadas para limitar el uso de las energías fósiles y promover las energías renovables, las sanciones internacionales tomadas contra los dirigentes de los países agresores de cara a evitar el deterioro y la extensión de los conflictos armados, o las legislaciones que aspiran a limitar la difusión de informaciones falsas, a través de las redes sociales, que incrementan la inestabilidad política y las tensiones sociales. A su vez, se esfuerzan en acelerar las transiciones, frente al cambio climático, las desigualdades económicas y la fractura social, a fin de construir unas sociedades que sean, a la vez, más solidarias, igualitarias, democráticas, sostenibles e interculturales. Esto implica tanto la aprobación de normas vinculantes (como la instauración de cuotas para propiciar la igualdad de género o la prohibición de vehículos térmicos para disminuir la emisión de gases de efecto...

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Las últimas sentencias judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y de Navarra así como del Tribunal Constitucional español, lo más a menudo contrarias al uso preferente de la lengua vasca en la administración pública local y a la consideración del conocimiento del euskera como requisito o merito en el acceso a la función pública territorial, han puesto de manifiesto la euskarafobia persistente en el sistema judicial, tanto autonómico como estatal. Conviene recordar, a ese propósito, que la noción de euskarafobia proviene del concepto de glotofobia elaborado por el sociolingüista Philippe Blanchet para designar la estigmatización de una lengua que conduce a su discriminación, esta última provenga de las administraciones públicas, de los actores sociales o de ambos a la vez. Lo cierto es que, los jueces, magistrados y fiscales españoles han heredado de una historia marcada por la participación activa de la judicatura en la represión franquista a través de los consejos de guerra y los tribunales especiales antes de serlo vía el Tribunal de Orden Público que colaboró activamente con la Brigada Político-Social, y una cultura profesional, a la vez corporativista, conservadora y nacionalista española, intolerante hacia las lenguas minoritarias y desfavorable a su fomento. A su vez, en virtud del artículo 66.2 de la Constitución y de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 16/1994, su nombramiento no está exento de consideraciones políticas, dado que los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial son elegidos, en gran medida, por el Parlamento y el Ejecutivo central. Por último, su escaso dominio del euskera es palpable, de modo que la inmensa mayoría de los juicios en la CAV y en la CFN se desarrolle en castellano y el apego de la judicatura a la lengua vasca sea más bien escaso.  No en vano, tanto la Constitución española, los Estatutos de Autonomía de Gernika y de Nafarroa como las leyes autonómicas relativas a la lengua de Etxepare, tales como la Ley 10/1982 Básica de Normalización del Uso del Euskera y la Ley Foral 18/1986 del Euskera, no solamente confieren un estatus de cooficialidad a la lengua vasca en el conjunto del territorio (en la Comunidad Autónoma Vasca) o en su parte vascoparlante (en la Comunidad Foral de Navarra), sino que, además, reconocen una serie de derechos lingüísticos a los locutores de la lengua vasca, especialmente en sus relaciones con las administraciones públicas, sean estatales, autonómicas, forales o municipales, lo que implica el conocimiento del euskera por parte de los funcionarios y empleados públicos. Además, el euskera y su fomento son objeto de un consenso social creciente, tal y como lo muestran las encuestas sociolingüísticas realizadas desde 1991....

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El País Vasco norte carece, hoy en día, de un marco propio de relaciones laborales que permita a los agentes sociales del territorio negociar y llegar a acuerdos específicos sobre temas que afectan directamente a los trabajadores y a las empresas de Iparralde. Predomina un modelo, heredado de una cultura jacobina enraizada y de una organización político-administrativa centralizada, que no confía en los agentes sociales, que defenderían supuestamente unos intereses particulares frente a un Estado francés que sería el garante del interés general, y del ámbito local, considerado como el espacio del clientelismo y de las especificidades territoriales que pondrían en peligro la igualdad de los ciudadanos galos ante la ley. Esto hace que las relaciones laborales, que se desarrollan especialmente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se caractericen por su centralización. De hecho, el sistema vigente actualmente conoce un impulso durante la posguerra con la creación de la Seguridad Social en 1945, el reconocimiento del derecho de huelga y el derecho sindical que figura en el preámbulo de la Constitución en 1946, la aprobación de la ley sobre los convenios colectivos, la libertad de negociación y las condiciones de trabajo en 1950, la adopción de la ley que favorece la resolución de los conflictos colectivos de trabajo en 1957, el reconocimiento por el ministerio de Trabajo de las cinco organizaciones sindicales representativas a nivel estatal en 1966, la promulgación de la ley sobre la sección sindical de empresa en 1968 o de la ley que reconoce la existencia del derecho de los trabajadores a la negociación colectiva en 1971. Tras la victoria de la izquierda en 1981, el gobierno socialista facilita la aprobación de las cuatro leyes Auroux en 1982 relativas a las libertades de los trabajadores en la empresa, al desarrollo de las instituciones representativas del personal, a la negociación colectiva y a la resolución de las conflictos colectivos de trabajo, y al comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo. Si a lo largo de los años ochenta y noventa, se aprueban una serie de normas jurídicas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en 1989, hacer efectiva el derecho a la negociación en todas las empresas en 1995, informar y consultar a los asalariados en las empresas en 1996 o reducir la jornada laboral en 1998 y 2000, las últimas dos décadas se caracterizan por una voluntad de “modernizar las relaciones laborales”. Esta se traduce por la aprobación de un conjunto de leyes que pretenden relanzar la negociación colectiva en materia de despidos económicos en 2003, simplificar el derecho para permitir al gobierno transformar el código de trabajo por ordenanzas en 2004, modernizar el diálogo social en...

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