LA NUEVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN IPARRALDE

LA NUEVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN IPARRALDE

El año 2004 marca un momento crucial en la política lingüística elaborada y posteriormente implementada en el País Vasco norte, en particular como consecuencia de la transformación de la Dirección de la Obra Pública, compuesta por el Estado francés, la Región Aquitania, el Departamento de los Pirineos Atlánticos y el Sindicato Intermunicipal de Apoyo a la Cultura Vasca, en la Oficina Pública de la Lengua Vasca (OPLV). Esto da cuenta de la voluntad de los poderes públicos de volver a un esquema más clásico en la gobernanza local, con, por un lado, las administraciones públicas, y, por otro, los actores asociativos reunidos en un Comité Consultivo, y de su deseo de llevar a cabo una política pública más ambiciosa a favor de la regeneración de la lengua vasca. Esta política encuentra su origen en la realización de las primeras encuestas sociolingüísticas de cierta envergadura, especialmente las de 1991 y 1996, y de los diagnósticos cualitativos iniciales, en el marco de la prospectiva País Vasco 2010, que constan, a la vez, de una vertiente diagnóstica y de una vertiente prospectiva. Estos estudios han permitido una toma de conciencia de los actores locales, lo que ha desembocado en la elaboración, de manera concertada, del Esquema de Ordenación Lingüística que se compone de una serie de medidas concretas. Después de un periodo de negociación, llevado a cabo por el Consejo de Electos del País Vasco, con la ayuda del Consejo de Desarrollo del País Vasco, algunas de las medidas preconizadas han sido contractualizadas en el marco del Convenio Específico País Vasco 2001-2006 firmado en diciembre de 2000. Una de las medidas hace alusión a la creación del Consejo de la Lengua Vasca, lugar de encuentro entre los diferentes actores concernidos por esta problemática. Ante la dificultad de hacer coexistir los actores asociativos e institucionales en el seno de una misma estructura, en un contexto de fuertes movilizaciones llevadas a cabo por la Plataforma Batera, que solicita, entre otras reivindicaciones, la cooficialidad de la lengua vasca, las autoridades deciden tomar de nuevo la iniciativa creando la OPLV. Esta nueva entidad tiene una doble misión: “concebir, definir y poner en marcha una política lingüística a favor de la lengua vasca”; y, movilizar los recursos financieros necesarios a su implementación. Esta nueva estructura, que toma la forma jurídica de una Agrupación de Interés Público, está compuesta por 12 miembros que representan, a partes iguales, a las cuatro instituciones previamente mencionadas; sabiendo que el Sindicato Intermunicipal de Apoyo a la Cultura Vasca es sustituida por la Comunidad de Aglomeración del País Vasco. Dotada de un presupuesto anual de más de 4 millones de euros, la OPLV dispone de un Comité Consultivo compuesto por tres tipos de...

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DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

Tras las elecciones generales del 10 de noviembre y la fragmentación del panorama político que ha surgido de las urnas, que convierten las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas en claves de cara a la investidura de Pedro Sánchez y a la gobernabilidad del futuro gobierno de coalición, el debate político vigente en el estado español gira en torno a las nociones de diálogo y negociación. El diálogo alude habitualmente al intercambio de ideas y de propuestas entre varios interlocutores, mientras que la negociación hace referencia a la búsqueda de un acuerdo que satisfaga las partes involucradas. En ese sentido, si la negociación supone el diálogo, puede haber diálogo sin negociación. De hecho, en los últimos años, si los gobiernos españoles han mostrado cierta disposición a dialogar con los gobiernos autonómicos y las fuerzas soberanistas, han sido reacios a iniciar unas verdaderas negociaciones que aspiren a solucionar los problemas políticos de fondo. El diálogo implica el reconocimiento de la otra parte como interlocutora legítima. El problema es que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha rechazado, hasta una fecha reciente, reunirse tanto con el President de la Generalitat, Quim Torra, prefiriendo una interlocución directa entre Carmen Calvo y Pere Aragonés, de cara a encauzar el problema catalán, como con EH Bildu para obtener su abstención en la investidura del candidato socialista. Por lo tanto, la primera condición del diálogo es que este último reconozca el principal representante de una institución cuyo cargo resulta de una decisión del Parlament catalán así como los parlamentarios elegidos en unas elecciones democráticas, sobre todo cuando aspira a obtener su apoyo directo o indirecto. Pero, el reconocimiento del otro como interlocutor legítimo es insuficiente, dado que el diálogo supone una escucha activa, sin la cual el encuentro se limita a una sucesión de monólogos. No se trata de exponer pura y simplemente los planteamientos políticos y las propuestas programáticas sino de tener en cuenta y de sopesar los argumentos avanzados por la otra parte de cara a buscar puntos de encuentro que puedan desembocar eventualmente en un proceso negociador. En ese sentido, el diálogo implica cierta empatía, es decir una capacidad de ponerse en el lugar del otro para comprender desde dónde habla, cuáles son sus motivaciones y a qué presiones debe enfrentarse, que sean de carácter organizativo, ideológico o mediático. Una vez superados estos escollos, puede iniciarse una negociación que debe tener en cuenta el marco normativo vigente sin por ello considerarlo como algo inamovible e insuperable, ya que cada ley, estatuto de autonomía y constitución contemplan mecanismos de modificación y son susceptibles de ser interpretados de manera flexible. En el caso vasco, la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Gernika...

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EL DEBATE SOBRE LA FISCALIDAD

EL DEBATE SOBRE LA FISCALIDAD

Durante el proceso de negociación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para el año 2020, varios partidos de la oposición, tales como EH Bildu, el Partido Popular y Ezker Anitza, componente de la coalición Elkarrekin Podemos, han solicitado que se proceda simultáneamente a una reforma fiscal, de diferente índole en función de las ideologías respectivas, para que el debate no gire solamente en torno al gasto público sino que aborde igualmente los ingresos fiscales. Estos últimos son aún más relevantes que, como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, aprobada por las Cortes Generales el 23 de agosto de 2011 con el apoyo del PP, del PSOE y de UPN, las administraciones públicas están obligadas a presentar cuentas equilibradas, a limitar notablemente las posibilidades de déficit público y a priorizar el pago de la deuda pública. Esta reforma resulta de la aprobación del Pacto Fiscal Europeo por los líderes europeos, que incluye el compromiso de cada país-miembro de incluir en su Constitución una regla de oro presupuestaria con el fin de restaurar la confianza financiera en Europa. En ese contexto, la discusión en torno a la fiscalidad resulta ineludible, más aún sabiendo que, en el Estado español, en 2018, la presión fiscal, que incluye los impuestos y las cotizaciones sociales, es del 35,4% del PIB, es decir “cinco puntos por debajo del promedio de la Unión Europea (40,3%) y seis puntos por debajo de la media de la eurozona (41,7%)”. La distancia que separa la península ibérica de los países europeos con mayor presión fiscal es superior todavía, dado que dicha presión es del 45,9% en Dinamarca, del 47,2% en Bélgica y del 48,4% en Francia. Y aunque la presión fiscal prevalente en el Estado haya aumentado ligeramente entre 2017 y 2018, pasando del 34,7% al 35,4%, es “el undécimo país de la Unión Europea con menor presión fiscal de un total de 28 países y el octavo si se tiene en cuenta solo a los 19 países de la eurozona”. Además, Bizkaia, Gipuzkoa y Araba se sitúan, junto a Madrid, a la cabeza de los territorios con menor presión fiscal del Estado español. Pero, además, la fiscalidad vigente en España es poco progresiva, como lo muestra la estructura de los ingresos fiscales, dado que las cotizaciones sociales equivalen al 12,4% del PIB, frente al 13,3% de media en la Unión Europea, los impuestos sobre la renta y el patrimonio suponen el 10,6% del PIB, frente al 13,2% de media en la UE, y el impuesto de sociedades es del 2,5%, dos décimas por debajo de la media comunitaria. Aunque sea conveniente introducir matices, la situación es relativamente similar en Euskadi, cuyas haciendas...

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CREDIBILIDAD Y CONFIANZA

CREDIBILIDAD Y CONFIANZA

La democracia representativa se sustenta en la elección al sufragio universal, directo o indirecto, de manera libre y secreta, de los representantes que, previamente a su elección, han defendido una ideología y presentado un programa que se comprometen a promover y/o a aplicar una vez elegidos. Esto supone cierta credibilidad de los candidatos, basada en sus competencias y habilidades a la hora de suscitar la adhesión de la población, generar una dinámica política o expresarse en público; en sus trayectorias vitales, profesionales y militantes; así como en la coherencia de sus pensamientos y acciones. De la misma forma, implica una sólida confianza entre los votantes y sus representantes, sustentada en la constancia de sus posicionamientos, la correspondencia entre sus discursos y actuaciones, y el respeto de la legalidad vigente. No en vano, hoy en día, asistimos a una pérdida preocupante de la credibilidad de los responsables políticos y de la confianza que los ciudadanos depositan en sus mandatarios, tal y como lo ponen de manifiesto los diferentes sondeos de opinión. Así, el barómetro del CIS indica que, para el 29,4% de la población española, los políticos representan uno de los principales problemas. Esa valoración negativa concierne los líderes políticos de todas las formaciones y afecta tanto a los partidos de gobierno como a las formaciones emergentes. A su vez, el nivel de confianza en los partidos políticos se sitúa a unos niveles históricamente bajos.     Por una parte, se observa una merma de la credibilidad de la clase política, en primer lugar, por su ineficacia y su incapacidad a arreglar los principales problemas a los que se enfrentan los ciudadanos, como pueden ser el desempleo, la precariedad laboral, los bajos salarios, las dificultades de acceso a una vivienda digna, la violencia de género, el calentamiento climático o el conflicto territorial. La crisis de 2008, que ha desembocado en un deterioro de la situación socioeconómica, y su gestión política, basada en la aplicación de políticas de austeridad, han acrecentado esa sensación de incapacidad de los políticos de influir positivamente en la situación diaria de los ciudadanos. En segundo lugar, ese desvanecimiento de la fiabilidad hunde sus raíces en la pérdida de valor de la palabra política. En efecto, los cambios constantes de opinión y las contradicciones frecuentes entre los compromisos adquiridos durante las campañas electorales y las acciones llevadas a cabo una vez llegados al poder, a propósito de políticas públicas concretas o de pactos, merman la credibilidad de los representantes políticos. Los cambios incesantes de Ciudadanos sobre posibles pactos con el PSOE o el apoyo a la investidura de Mariano Rajoy son prueba de ello. Los electores consideran que no son de fiar y subrayan la escasa coherencia...

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SISTEMAS ELECTORALES, IMPLICACIONES POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARTIDISTAS

SISTEMAS ELECTORALES, IMPLICACIONES POLÍTICAS  Y ESTRATEGIAS PARTIDISTAS

Los sistemas electorales, tales como figuran en la Constitución española de 1978 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, rigen las modalidades de elección de los diputados y senadores en las elecciones generales. Esta normativa, que se inscribe en el Estado de las Autonomías, aspira a compaginar representatividad y gobernabilidad, en un contexto político marcado, por una parte, por la instauración de la democracia, bajo la forma de una Monarquía parlamentaria, y, por otra parte, por el predominio de ciertos partidos, de ámbito estatal y autonómico. Estos sistemas se aplicarán en las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 28 de abril. En lo que se refiere al Congreso, se elegirán 350 diputados que representarán a 52 circunscripciones de acuerdo con la Ley d’D’Hondt. Se trata de un sistema de cálculo proporcional creado por el jurista belga Victor D’Hondt a finales del siglo XIX y que se aplica igualmente en varios países europeos, tales como Bélgica, Finlandia o Irlanda, así como en naciones ajenas al Viejo Continente, a la imagen de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Israel o Japón. A estas elecciones se presentan los diferentes partidos en listas cerradas, de modo que no sea posible elegir a candidatos que figuran en distintas planchas. En virtud de esta ley, mientras que Ceuta y Melilla se ven asignados un diputado cada uno, el resto de las circunscripciones provinciales disponen como mínimo de dos diputados y el resto de los diputados “se reparten en función de la población empadronada”. Para proceder a dichas asignaciones, se excluyen las candidaturas en cada circunscripción que no hayan obtenido, como mínimo, el 3% de los sufragios válidos emitidos; sabiendo que los votos en blanco son considerados como efectivos. “Con el resto de candidaturas, se ordenan de mayor a menor”, según los votos conseguidos. Se divide, entonces, “el número de votos obtenidos por cada candidatura (…) hasta el número igual al de los escaños correspondientes a la circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente”. En cuanto al Senado, en virtud del artículo 69 de la Constitución y de los artículos 161 y 165 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, los 266 senadores son elegidos según un doble procedimiento. Por una parte, “la mayor parte de los senadores son elegidos en circunscripciones provinciales”, tiendo en cuenta que, “en cada circunscripción, se eligen cuatro senadores”, excepto en las circunscripciones insulares. Los senadores son elegidos “por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto”. Además, “aunque los candidatos aparecen agrupados por partidos políticos [o coaliciones de partidos] en la papeleta de votación, las candidaturas son individuales a efectos de votación y escrutinio, de tal modo que...

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FRIVOLIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN E HISTERIZACIÓN DE LA POLÍTICA

FRIVOLIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN E HISTERIZACIÓN DE LA POLÍTICA

A lo largo de los últimos años, la política ha conocido una profunda transformación tanto en sus contenidos como en sus formas. Esta mutación acelerada resulta, básicamente, de un doble proceso. Por una parte, la crisis financiera iniciada en 2008 se ha transformado en crisis socioeconómica y, posteriormente, en crisis política, poniendo en cuestión la democracia representativa y el lugar preponderante ocupado hasta entonces por los partidos políticos como intermediarios capaces de recoger, reformular y promover les reivindicaciones de la ciudadanía. Esta crisis de la democracia representativa, además de provocar un empoderamiento ciudadano (de las mujeres y de los pensionistas en particular) y una aspiración a una mayor democracia participativa a la hora de tomar decisiones claves (en materia de derecho a decidir por ejemplo), se ha traducido por un profundo desacrédito de los partidos de gobierno, incapaces de resolver los problemas de desempleo, precariedad, pérdida de poder adquisitivo o pobreza, y un auge de los partidos populistas, tanto de derechas como de izquierdas. Por otra parte, la aparición y la ulterior proliferación de nuevos formatos televisivos, que mezclan debate y diversión, política y entretenimiento, y, sobre todo, la irrupción de Internet y de las redes sociales, han modificado sustancialmente los ritmos de la política y las formas de expresarse de sus responsables. Efectivamente, inspirándose en los programas concebidos y difundidos en Estados Unidos, inicialmente en las cadenas privadas y luego igualmente en las cadenas públicas, han proliferado unos géneros que mezclan formatos diferentes, susceptibles de ser contradictorios, que priorización la escenificación y la confrontación, y que son concebidos como puros espectáculos. A su vez, la generalización del uso de Twitter y Facebook, que privilegia los formatos cortos y la difusión instantánea de contenidos propios, sin filtro ni contraste previos, acelera las cadencias y condiciona la agenda política. Ambos fenómenos se repercuten, de manera decisiva, en la política contemporánea, y ello, de tres maneras. Aunque estén asociadas en la práctica, conviene distinguirlas analíticamente. En primer lugar, provocan una frivolización de la política que ha dejado de ser una actividad seria y formal, cuya misión consiste en ocuparse de los asuntos de la Ciudad, que aspira a dar una respuesta eficaz a los principales problemas políticos, económicos, sociales y culturales, y cuyo ejercicio exige experiencia, conocimientos, habilidades y convicciones. Hoy en día, al confundirse la seriedad con el aburrimiento, ciertos medios de comunicación y programas televisivos priorizan formatos que abordan la política desde aspectos anecdóticos, fútiles e insustanciales, a menudo carentes de interés informativo, y rehúyen de la política institucional encarnada por los debates parlamentarios y los planes elaborados y posteriormente implementados por las administraciones públicas. A su vez, pululan los programas que confunden política y humor, a la imagen...

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