Asistimos a un auge de la incertidumbre. Robert Castel fue uno de los primeros en tomar la medida de ese rasgo característico de las sociedades contemporáneas. Tras analizar las metamorfosis de la cuestión social, sinónimas de debilitamiento de la sociedad salarial, observa que la incertidumbre no cesa de crecer para los individuos que gozan cada vez menos de las protecciones sociales que habían ofrecido hasta entonces cierta estabilidad y, por lo tanto, previsibilidad a los trabajadores de la sociedad industrial. Resultan de todo ello unos procesos de “descolectivización” y de “reindividualización” que fragilizan a los individuos.  No en vano, ese auge de la incertidumbre no se limita al mundo del trabajo, sino que se extiende a todas las esferas de actividad, de la vida política a la estructura económica pasando por el ámbito cultural; sin olvidar el cambio climático y las tensiones geopolíticas. Más aún, esta incertidumbre crece en intensidad, como lo atestigua la sucesión de acontecimientos imprevistos que se han producido a lo largo de los últimos años sin haber sido anticipados por la mayoría de los responsables políticos y observadores, a la imagen de la crisis financiera de 2008, la crisis migratoria de 2015, el Brexit, la elección de Donald Trump, la pandemia del Covid-19 o la invasión de Ucrania.  Más allá de estos acontecimientos que han tenido consecuencias considerables sobre nuestras sociedades, es preciso constatar que esta diversificación e intensificación de la incertidumbre se traduce por el hecho de que esta última se convierte en un elemento perene de las sociedades contemporáneas. En ese sentido, lejos de constituir un fenómeno provisional, resultante de una coyuntura marcada por una recesión económica, una crisis sanitaria o un enfrentamiento bélico, es estructural y duradero, puesto que traduce una transformación en profundidad de las sociedades actuales.   Esta situación resulta, en gran parte, del debilitamiento de los grandes relatos, de la aceleración de los cambios a la obra, de la fragmentación del cuerpo social y de la individualización creciente. En efecto, es indisociable de la erosión de los grandes relatos y de las entidades que los promueven, como pueden ser el declive de la religión católica, el debilitamiento de la ideología comunista, el agotamiento del ideal democrático o el impasse del liberalismo económico. Ese declive se ha acompañado de una aceleración de los cambios en todos los ámbitos, del calentamiento climático a las crisis económicas pasando por las recomposiciones políticas y las crisis sanitarias. A su vez, está vinculada a la fragmentación creciente de la sociedad sinónimo de fragilización de la sociedad salarial y del capital social, de erosión de las estructuras familiares y conyugales tradicionales, y de fragmentación del sistema educativo. Por último, es inseparable de la individualización creciente de...

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En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, en el cual la economía del conocimiento ocupa un lugar central en razón de una competencia generalizada y de una necesidad de diferenciación basada en la innovación y la calidad, la enseñanza superior, que alude tanto a la formación como a la investigación, reviste una importancia creciente. Esto conduce las principales metrópolis así como los territorios menos poblados a invertir en esta materia, conscientes de que resulta vital para su capacidad a producir conocimiento y a garantizar una mejor conexión entre las Universidades, los laboratorios de investigación, los centros tecnológicos y las empresas. Si el País Vasco norte no es ninguna excepción en esta materia, lo hace de manera original a través de una gobernanza propia.  Lo cierto es que la competencia de la política universitaria e investigadora corresponde ampliamente al Estado, cuya historia, a la vez larga y compleja, debuta a inicios del siglo XIII con la creación de la Universidad de París y atraviesa etapas sucesivas marcadas por la Revolución francesa de 1789; las reformas llevadas a cabo a lo largo del siglo XIX y, en particular, en 1806, 1850 y 1854; los cambios realizados durante la segunda mitad del siglo XX y, singularmente, las leyes aprobadas tras el Mayo de 1968 y la llegada al poder de la izquierda en 1981; y, por último, la autonomización progresiva de las Universidades y la inserción de Francia en el sistema universitario europeo.  En semejante marco, transformado por las leyes de descentralización y las reformas territoriales sucesivas, aprobadas e implementadas en 1982-1983, 2003-2004, 2010 y 2014-2015, que otorgan competencias que van en aumento a las administraciones territoriales, los actores de Iparralde toman conciencia de la escasa presencia de la enseñanza superior en el territorio y de la necesidad de desarrollarla. De hecho, a pesar de ser la segunda área urbana de la Región Nueva Aquitania con 312.000 habitantes, solo cuenta con 6.000 estudiantes matriculados en el territorio, lo que sitúa a dicho ratio en 20 estudiantes/1.000 habitantes, muy por debajo de Pau (63), Limoges (96), La Rochelle (100), Bordeaux (101) y Poitiers (210).  En esta materia, la prospectiva País Vasco 2010, publicada en 1993 y fruto de un largo trabajo llevado a cabo de manera conjunta por los actores institucionales y sociales, ha jugado un papel clave. Esta prospectiva, que consta de un apartado diagnóstico dedicado a la situación de la enseñanza superior en el territorio, supone una toma de conciencia de los actores locales sobre las carencias del País Vasco norte en esa materia y sobre la necesidad de desarrollar la actividad universitaria e investigadora para garantizar el desarrollo del territorio durante las próximas décadas. Ese análisis exhaustivo, que...

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¿Cómo explicar que, a pesar de carecer de una institución propia hasta enero de 2017, el País Vasco norte haya dado pasos relevantes en materia de proceso de paz, con el desarme y la disolución de ETA y la posterior flexibilización de la política penitenciaria en el Hexágono? Esta situación es indisociable de la nueva gobernanza elaborada y posteriormente implementada en este territorio desde inicios de los años noventa que ha desembocado en la constitución progresiva de una nueva cultura política basada en el diálogo, la negociación y el acuerdo. A partir de ese periodo, los poderes públicos galos manifiestan su voluntad de pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación, a la vez, entre la organización armada y el Estado francés y, sobre todo, entre la clase política local y la sociedad civil organizada. Y ello en un contexto marcado por tres fenómenos esenciales. En primer lugar, un intenso debate político y académico sobre la noción de gobernanza territorial. De hecho, esta reflexión prospera en un periodo histórico dominado por “la búsqueda de nuevos modos de organización y de gestión territorial, alternativos a las perspectivas territoriales descendientes”. Por una parte, la gobernanza territorial alude al desarrollo local, en un periodo caracterizado por la implicación creciente de los actores locales en las dinámicas de desarrollo, con su capacidad para organizarse, movilizarse, coordinarse y asumir responsabilidades. Por otra parte, las instituciones experimentan una doble evolución: la transferencia de competencias a instancias supranacionales y regionales, y la recomposición de los espacios de ejercicio del poder. En segundo lugar, la reactivación de la reivindicación a favor de un Departamento Vasco. Esta demanda, formulada desde 1963 por la formación nacionalista Enbata, a la que se adhieren los actores económicos liderados por la CCI de Baiona a partir de1975, forma parte de las 110 propuestas de François Mitterrand para las elecciones presidenciales de 1981. Ante la no-implementación de dicha promesa por el mandatario socialista, los actores favorables a un Departamento Vasco crean la Asociación para un Nuevo Departamento en 1983 para informar a la ciudadanía, elaborar una argumentación sólida y llevar a cabo una labor de lobbing. Esta reivindicación conoce un nuevo impulso a inicios de los años noventa, en un panorama singularizado por la implantación electoral creciente del nacionalismo vasco, lo que obliga a los partidos de gobierno galos a apropiarse estas temáticas para poder ser elegidos, como consecuencia de un modo de escrutinio mayoritario a dos vueltas. En tercer lugar, el declive progresivo de la lucha armada practicada por Iparretarrak (IK). A partir de la detención de Felipe Bidart, líder de esta organización, y de otros cuatro miembros de Iparretarrak, el 20 de febrero de 1988, IK cometerá un...

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En las elecciones departamentales que acaban de acontecer en Iparralde, el nacionalismo vasco ha conocido un auge notable tanto en votos como en porcentajes. Ese incremento se inscribe en una tendencia de fondo ilustrada por los buenos resultados cosechados por EH Bai en las últimas elecciones municipales de 2020. Todo ello, en un contexto marcado por una abstención históricamente elevada, dado que los dos tercios del electorado han preferido quedarse en casa.  En la primera vuelta, en los 12 cantones del País Vasco norte, EH Bai ha conseguido el 24,68% de los sufragios, lo que corresponde a 20.821 votos. Representa a 3.042 papeletas más que en las elecciones departamentales anteriores que tuvieron lugar en 2015. La formación nacionalista progresa en votos en la práctica totalidad de los cantones, hasta el punto de ser el partido más votado en el cantón de Hendaia y de duplicar sus votos en el cantón Baigura y Mondarrain. A su vez, progresa en los cantones urbanos de la aglomeración de Baiona que le son tradicionalmente menos favorables, tales como Angelu (+4%), Baiona 1 (+3,40%), Baiona 2 (3,96%), Baiona 3 (+5%) y Biarritz (+3%). Estos resultados le permiten clasificarse para la segunda vuelta en siete de los doces cantones. En la segunda vuelta, EH Bai mejora sus resultados de la primera vuelta tanto en votos (+2.303) como en porcentajes. Además de vencer en el cantón de Hendaia (52,18%), supera el 40% de los sufragios en los cantones de Donibane Lohizune (44,50%), Uztaritze-Errobi y Urdazuri (41,01%), y Euskal Mendialdea (40,80%), y el 30% de los votos en los demás cantones: Baigura y Mondarrain (39,56%), Errobi-Aturri (%39,34), y Bidaxunerria, Amikuze y Oztibarre (%36,60). La progresión en votos en reseñable en la mayoría de los cantones, dado que pasa, por ejemplo, de 1.730 a 3.110 votos en Hendaia o de 2.105 a 3.003 sufragios en Aturri-Errobi. Estos resultados posicionan al nacionalismo vasco como la segunda fuerza política, la principal alternativa al centro-derecha francés así como el primer partido de izquierdas. Ese avance del voto nacionalista vasco en Iparralde resulta de la conjunción de una serie de factores.  En primer lugar, es consecutiva a la credibilidad de la que goza el nacionalismo vasco. En un contexto marcado por una fuerte desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política y los partidos políticos y una desafección creciente hacia las elecciones y la democracia representativa, los candidatos de EH Bai se benefician de una credibilidad adquirida por el movimiento nacionalista vasco gracias al trabajo de fondo realizado desde su creación a inicios de los años sesenta. En efecto, la labor desempeñada en el sindicalismo agrícola por ELB, la enseñanza en euskera por Seaska, la lucha por la protección del medioambiente por...

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La cultura en general y la cultura vasca en particular están sufriendo lo indecible como consecuencia de la pandemia del coronavirus y de su gestión. Mientras que en el País Vasco sur, tras un confinamiento inicial estricto e incluso una interrupción de las actividades consideradas como “no esenciales” entre las cuales se ha incluido la cultura, las administraciones públicas han optado por la reapertura de los centros, museos y salas con aforos reducidos. Las pérdidas acumuladas han sido parcialmente compensadas por la aplicación de ERTE y la concesión de ayudas directas. El País Vasco norte, por su parte, ha conocido tres confinamientos sucesivos de intensidades variables, pero que han afectado especialmente a la cultura, puesto que las actividades culturales, especialmente las artes escénicas, han sido interrumpidas durante varios meses. Si la fortaleza de las políticas culturales, la existencia de un estatus del intermitente del espectáculo y creación de un fondo cultural, asociados a los ERTE, han evitado la debacle, la incidencia sobre el tejido cultural, tanto profesional como aficionado, está resultando considerable.   La producción de la cultura, especialmente de expresión vasca, supone considerar que no se trata de una actividad económica al uso, respondiente a una pura lógica de mercado donde la oferta y la demanda encuentran un punto de equilibrio gracias a un precio justo, sino de una actividad específica que requiere protección jurídica y ayuda financiera por parte de las administraciones públicas. La excepción cultural es fundamental, sobre todo en el caso de la cultura vasca, al estar minorizada y disponiendo de un mercado limitado. La noción de excepción cultural surge, a nivel internacional, en el marco de las negociaciones de los tratados internacionales, entre los cuales se encuentra el Acuerdo General sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio que se convertirá posteriormente en la Organización Mundial del Comercio. Tras una negociación ardua liderada por Francia, se aprueban unos dispositivos relativos a la excepción cultural, en virtud de los cuales los Estados firmantes “son soberanos para limitar el libre comercio de la cultura en el mercado para apoyar y promover sus artistas, vehículos y portavoces de su cultura”. Esto significa que la creación cultural no constituye una mercancía como las demás. La excepción cultural es inicialmente apoyada por una coalición de 31 países, entre los cuales se encuentra España. En 2007, una coalición de 38 estados reafirma su apoyo a la diversidad cultural y crea un Comité de Enlace Internacional que agrupa a 400 organizaciones profesionales de la cultura provenientes de los cinco continentes. Simultáneamente, Francia integra en su legislación ordinaria a una serie de normas que aspiran a garantizar la diversidad cultural procediendo a una defensa de las artes escénicas, especialmente de la música y del...

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La creación del Instituto Cultural Vasco (ICV) en 1990 marca un punto de inflexión en la política a favor de la cultura vasca en Iparralde, por una parte, porque el territorio dispone, a partir de entonces, de una política específica que aspira a fomentar su propia cultura, y, por otra parte, puesto que el País Vasco norte se dota de una institución encargada de elaborar, implementar y evaluar esta política pública. De hecho, hasta la fecha, la política cultural, en la cual la cultura vasca estaba marginada al ocupar un lugar residual, era concebida y llevada a cabo por el Estado galo, la Región Aquitania, el Departamento de los Pirineos-Atlánticos y los Ayuntamientos de Iparralde. Esta situación propició la constitución y la posterior movilización de un movimiento cultural vasco dinámico y de un movimiento nacionalista vasco vivaz para el cual la defensa y la promoción de la identidad lingüística y cultural vasca constituían aspectos esenciales. De hecho, la formación de la ICV se produce en un contexto histórico marcado por un doble fenómeno. Por una parte, tras décadas de relaciones conflictivas entre las administraciones públicas y la sociedad civil organizada encarnada por las asociaciones culturales vascas que desean fomentar la lengua y la cultura propias, las instituciones expresan el deseo de pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación. Esta voluntad se plasma en la creación de instancias de concertación que reúnen a todos los actores implicados en la cultura para, de manera conjunta, elaborar un diagnóstico de la situación, fijar unos objetivos a medio y largo plazo, y diseñar unas medidas que permitan alcanzarlos. En este sentido, se trata de una nueva manera de concebir, implementar y evaluar las políticas culturales. Por otra parte, se recrudece el debate en torno a la diversidad cultural y los derechos culturales que tendrán posteriormente un amparo internacional gracias a la Declaración de la UNESCO de 2001 y la Declaración de Friburgo de 2007. Así, en el artículo primero de su Declaración, la UNESCO afirma que la diversidad cultural « constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras ». Añade, en su tercer artículo, que « la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria ». De su parte, la Declaración de Friburgo subraya que los derechos culturales « son esenciales para la dignidad humana; por ello forman parte integrante de los derechos humanos y deben interpretarse según los principios de universalidad,...

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