El contexto actual está marcado, a la vez, por la exacerbación de las tensiones territoriales, con la metropolización de las capitales regionales, el auge del fenómeno periurbano y la despoblación de las zonas rurales cada vez menos dotadas en servicios públicos y empleos, y por el agotamiento de un modelo de desarrollo basado en la concentración de la actividad productiva, la explotación de los recursos naturales y el aumento de las desigualdades sociales. Si estas evoluciones no son específicas al País Vasco norte, encuentran en él una resonancia particular, tratándose tanto de una realidad histórica, cultural y político-administrativa como de un territorio de proyecto. Es preciso dar cuenta de esta manera original de concebir el territorio y de contemplar su ordenación y desarrollo apoyándose en una nueva gobernanza que aspira a asociar todos los actores concernidos en la concepción, implementación y evaluación de las políticas públicas. Todo empieza a inicios de los años noventa, en un periodo caracterizado por la desaparición progresiva de la violencia política en el País Vasco norte y la voluntad de los poderes públicos de pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación entre los poderes públicos y la sociedad civil organizada con el lanzamiento de la Prospectiva País Vasco 2010. Este trabajo, que moviliza los actores del territorio, consta de un apartado diagnóstico, que intenta realizar un inventario exhaustivo en los ámbitos económicos, sociales o culturas, y de otro apartado prospectivo, que distingue las diferentes evoluciones posibles del País Vasco situado al norte de la Bidasoa según las decisiones tomadas por las autoridades. Este informe provoca una toma de conciencia de los poderes públicos sobre la necesidad de poner en marcha, de manera urgente y perenne, unas políticas públicas ambiciosas en el territorio. No obstante, la elaboración y, luego, la implementación de semejantes políticas implica dotar el territorio de un dispositivo de gobernanza inclusivo poniendo énfasis en la participación de los actores de la sociedad civil organizada y la concertación permanente entre estos y los poderes públicos. Esto desemboca, entre 1994 y 1995, en la creación del binomio formado por el Consejo de Desarrollo del País Vasco (CDPV) y el Consejo de Electos del País Vasco (CEPV). Si el primero reúne a los representantes de las principales cooperativas, sindicatos y asociaciones o a personas que tienen una experteza en un ámbito preciso, el segundo aglutina a los principales cargos electos del territorio. Una vez el dispositivo de gobernanza puesto en marcha, el CDPV elabora y, posteriormente, pone en aplicación una metodología de trabajo que permite a las comisiones temáticas formular unas propuestas concretas en cada uno de los ámbitos abordados por la Prospectiva País Vasco 2010. Esta labor de varios meses,...

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La pandemia del coronavirus y la aprobación de planes de reconstrucción, tanto a nivel autonómico, estatal como europeo, han puesto de manifiesto la necesidad de gozar de un proyecto de territorio que intente, más allá de las medias a corto plazo que aspiran a favorecer la recuperación económica, la creación de empleo y el fortalecimiento del sistema sanitario, reconstruir un nuevo modelo socioeconómico que sea sostenible en el tiempo y resiliente ante futuras crisis. El virus del Covid-19 ha puesto de relieve, no solamente las carencias del sistema actual, sino también la ausencia de una visión global y compartida del territorio que proceda, de manera conjunta, a un diagnóstico pormenorizado de la situación, a la fijación de objetivos a medio y largo plazo, y al diseño de medidas concretas que permitan alcanzar semejantes fines. De hecho, la pandemia ha mostrado el cortoplacismo y la ausencia de visión estratégica de los gobiernos. Inmersos en la gestión diaria, en función de la evolución de la pandemia y de los datos macroeconómicos, en un contexto marcado por la incertidumbre y la escasa visibilidad, las administraciones públicas tienen dificultades para fijar prioridades e implementar medidas estructurales que permitan alcanzarlas, más allá de los acontecimientos imprevistos. Como consecuencia de ello, tienen serios problemas para determinar los sectores y los proyectos en los que es preciso invertir para preparar el futuro; más aún sabiendo que los frutos son difícilmente perceptibles a corto plazo. No se trata de volver a un pasado idealizado en el cual unos expertos, pertenecientes a las élites científicas y administrativas, dirigían la modernización de los países sin conexión alguna con el resto de la sociedad, sino de dotarse de una perspectiva estratégica de la acción pública. Esta constatación es común a la mayoría de los gobiernos en Europa. Así, tras su desaparición en 2006, Francia ha decidido recrear la figura del Alto Comisionado al Plan, nombrando a su cabeza a una personalidad relevante de la clase política gala, François Bayrou, alcalde de Pau, varias veces ministro y presidente del partido Modem. Dependiendo directamente del Presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, y apoyándose en la institución France Stratégie y sus 200 colaboradores, dicho Alto Comisionado tiene como misión reflexionar sobre la Francia del futuro. En lugar de gestionar la crisis a corto plazo, tiene una función de reflexión y de asesoramiento para “aclarar los poderes públicos sobre los futuros retos a los que Francia se enfrentará a medio y largo plazo”. Estos retos serán, sobre todo, “demográficos, económicos, sociales, medioambientales, sanitarios, tecnológicos y culturales”. En una óptica menos tecnocrática, el País Vasco norte ha sido pionero en la elaboración, contractualización y posterior implementación de un proyecto de territorio. En efecto, entre...

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La pandemia del coronavirus ha provocado una triple crisis: una crisis sanitaria, de la que no hemos salido todavía, con un elevado número de personas contagiadas, ingresadas y fallecidas; una crisis socioeconómica, como consecuencia del confinamiento y de la ralentización de la actividad económica, con sus repercusiones en materia de empleo; y, una crisis política, con una suspensión momentánea y parcial de ciertas libertades públicas y un intento de recentralización. En otros términos, esta pandemia, al igual que la crisis de 2008, ha puesto a prueba nuestro modelo socioeconómico y político, poniendo de manifiesto sus fortalezas pero también sus debilidades, tales como un sistema sanitario insuficientemente dotado en personal, material y equipamiento adecuados; unas prestaciones y unos servicios sociales frágiles, especialmente en la atención de las personas mayores; un modelo de relaciones laborales demasiado rígido y desequilibrado donde el diálogo social y la negociación colectiva brillan por su ausencia; una configuración institucional vulnerable ante las tentativas de recentralización y de invasión de competencias. Ante semejante panorama, es preciso propiciar el advenimiento de una sociedad más resiliente, resiliencia que puede ser reactiva o proactiva. La resiliencia se define como la capacidad de una persona, un colectivo o una comunidad a superar una situación adversa resultante de una alteración sustancial de su entorno. En ecología, la resiliencia designa la capacidad de un ecosistema a reencontrar un funcionamiento o un desarrollo normal después de haber padecido una perturbación medioambiental; en geografía, esta noción alude a la aptitud de las ciudades a limitar los efectos de catástrofes y a volver a una marcha ordinaria; en economía, la resiliencia hace referencia a la capacidad de volver a una trayectoria de crecimiento después de haber padecido una crisis, financiera por ejemplo; en psicología, ese concepto traduce la aptitud a superar un estado de estrés postraumático; y, en sociología, la resiliencia comunitaria se asocia a la capacidad de una sociedad a superar una situación de riesgo que puede ser de diferente índole, como puede ser una pandemia. En general, la resiliencia es un proceso, susceptible de ser fomentado desde las instituciones y la sociedad civil organizada, que se divide en tres fases. La primera consiste en resistir ante la adversidad. Así, desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020, las administraciones públicas, los hospitales, las empresas, los centros educativos y los ciudadanos han resistido ante el aumento notable de personas contagiadas; el ingreso de un número considerable de pacientes en los centros sanitarios; el confinamiento de la población; la suspensión temporal de la actividad económica; el incremento del paro; o, la bajada considerable de la recaudación fiscal. Tras un periodo de sideración, los diferentes actores se han movilizado para aguantar y hacer...

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Hoy en día, la rabia y la moraleja predominan en el debate público tanto en las esferas políticas y mediáticas como en el ámbito social. El debate racional y sosegado, basado en hechos y argumentos, es progresivamente sustituido por una discusión histerizada y moralizante que recurre a superlativos para exaltar las emociones primarias más negativas. De esa forma, se trata de fomentar e instrumentalizar las frustraciones personales y el odio hacia las élites económicas, los representantes institucionales, los adversarios políticos o las personas de procedencias geográficas alejadas que se convierten en chivos expiatorios. Desde una posición de superioridad moral auto-asignada basada en una supuesta virtud y sobre la base del sufrimiento padecido, ese tipo de intercambios dialécticos favorecen la expresión del cabreo, de la furia y de la indignación que incrementa la crispación social y las divisiones políticas. En ese sentido, dificultan la comprensión mutua y la construcción de amplios consensos, y, más allá, la elaboración de una nueva cultura sociopolítica basada en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Tanto la rabia como la moraleja son alimentadas por el populismo, de izquierdas y de derechas, que procede a una crítica radical y sin paliativos de la democracia representativa, la economía de mercado y el orden social, que estarían en el origen de todos los males, compaginada con un cuestionamiento de la división de la sociedad entre clases sociales, en la esfera social, y entre izquierda y derecha, en el ámbito político. Prioriza, al contrario, una representación social basada en una oposición entre las élites, supuestamente unidas y corruptas porque serían plenamente conscientes de sus propios intereses y se caracterizarían por el egoísmo y la tentación secesionista, y el pueblo, que estaría unido y se distinguiría por su virtud. Como consecuencia de ello, además de criticar vehementemente las élites, exige su sustitución inmediata por representantes del pueblo. Para crear una unidad identitaria entre el 99% de la población, más allá de sus diferentes componentes en los aspectos sociales, económicos, culturales y políticos, el populismo exacerba las identificaciones, creando una demarcación clara entre “ellos” y “nosotros”, y recurre a las emociones en detrimento de la racionalidad. El propio auge del populismo resulta de une triple crisis: económica, social y política. En efecto, tras la crisis financiera que estalla en septiembre de 2008, los organismos internacionales y los estados optan por apoyar masivamente a las entidades bancarias privadas de cara a evitar un colapso del sistema financiero internacional. Los rescates bancarios y los planes de reactivación económica, para soslayar una depresión económica comparable a aquella acontecido tras el crash bursátil de 1929, provocan un incremento notable de los déficits y de las deudas públicas. Para enfrentarse a ellos, los decisores políticos...

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Tras la primera vuelta de las elecciones municipales acontecida el 15 de marzo y el posterior aplazamiento de la segunda vuelta en razón de la pandemia del coronavirus, la segunda fase del escrutinio local tendrá lugar el 28 de junio. En el País Vasco norte, en un contexto de fuerte abstención, aunque fue inferior a la del Hexágono donde se incrementó un 20%, 140 municipios eligieron sus ediles desde la primera vuelta, de modo que los 18 municipios restantes tengan que seleccionar sus corporaciones municipales de las que saldrán los alcaldes. A pesar de la incertidumbre que pesa sobre este escrutinio, que se desarrollará en un contexto inédito, pueden enunciarse una serie de claves que determinarán los resultados. En primer lugar, la participación del electorado será esencial. En efecto, la primera vuelta se caracterizó por una fuerte abstención, especialmente en las principales ciudades, como Baiona, Angelu o Hendaia; en las categorías populares; y, cosa poco habitual, entre las personas mayores que acostumbran votar masivamente en los diferentes escrutinios, tanto locales, regionales como estatales. Los discursos y anuncios realizados en los días previos por el Presidente y el Primer ministro galos así como el temor al contagio explican ampliamente estas conductas. De cara a la segunda vuelta, sabiendo que la pandemia está bajo control y el escrutinio puede desarrollarse con cierta normalidad según el consejo científico; las medidas oportunas han sido tomadas por las autoridades para garantizar la seguridad sanitaria de los votantes; el resultado final es incierto en numerosos municipios de Iparralde, sobre todo en la capital labortana y Biarritz, y, en menor medida, en Urruña y Ziburu; la ciudadanía es cada vez más consciente de la crisis socioeconómica que se avecina y de la necesidad de elegir equipos municipales que sean capaces de enfrentarse a ella; se vislumbra una mayor participación que en la primera vuelta. La cuestión es determinar el nivel aproximativo de participación y, sobre todo, el tipo de electorado sociológico y político que acudirá a votar. A todo ello se añade la casuística específica de cada municipio. En segundo lugar, las alianzas serán fundamentales. Para el 2 de junio, último plazo de presentación de las candidaturas para la segunda vuelta, las listas que se presentaron en la primera vuelta han negociado entre sí para determinar las que se mantendrán (la ley exige que hayan obtenido como mínimo el 10% de los votos), las que fusionarán (siempre y cuando hayan conseguido al menos el 5% de los sufragios) y las que se retirarán. Las alianzas han sido muy dispares según los municipios. Así, mientras que, en Hendaia, socialistas, comunistas y nacionalistas vascos han fusionado en una lista liderada por Kotte Ecenarro, en Baiona, las dos listas...

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Según las previsiones económicas de la Comisión Europea para finales del año 2020, como consecuencia de un retroceso del PIB de la zona euro del 7,7% y de un auge del desempleo hasta el 9,6%, a pesar de las medidas multibillonarias tomadas por la Unión Europea y los países miembros para reactivar la economía y preservar el empleo, la deuda pública de la zona euro ascenderá al 102% del PIB frente al 86% a finales del año 2019. Grecia se aproximará al 200% frente al 176% en 2019 e Italia se enfrentará a un fuerte aumento de su deuda, dado que pasará del 134% al 158% en un año. Francia y España tampoco estarán a salvo, puesto que sus deudas públicas respectivas transitarán del 98% al 116% en el primer caso, y del 95,5% al 115,5% en el segundo caso. En un plazo más o menos corto, tanto la UE como los Estados miembros se verán obligados a tomar medidas para proceder al pago de esta deuda. Ante esta situación excepcional, es preciso recurrir a medidas no-convencionales para no repetir los errores cometidos después de la crisis financiera de 2008 que se tradujeron por la aplicación de políticas de austeridad que tuvieron efectos depresivos sobre la economía y aumentaron notablemente el desempleo, especialmente en los países del Sur de Europa. La primera medida consistiría en anular la deuda contraída ante el Banco Central Europeo. En efecto, para evitar un fuerte incremento de las primas de riesgo y, por lo tanto, de los intereses que deberían pagar los Estados miembros a la hora de solicitar financiación en los mercados financieros, el BCE ha procedido a una compra masiva de bonos del tesoro de los Estados miembros. De modo que, hoy en día, el BCE tiene en su activo el equivalente al 48% del PIB de la zona euro, del cual un poco más del 30% corresponde a los Estados miembros. “A finales de año, este ratio avecinará el 60% del PIB”. Una solución consistiría en anular esta deuda que se halla en posesión del BCE. Esta medida no cambiaría nada mientras que las instituciones y los ciudadanos europeos continúen confiando en el euro y en el Banco Central Europeo. No en vano, esta opción podría ser cuestionada desde un punto de vista jurídico, dado que, en principio, el BCE no tiene derecho de financiar directamente a los Estados miembros. Además, podría enfrentarse a una oposición política, ya que Holanda y Austria no son favorables a una mutualización de la deuda y a una flexibilización de la política monetaria europea. Ante ello, los economistas André Grjebine y Paul De Grauwe, respectivamente director de investigación en Sciences Po Paris y catedrático en...

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