LA POLÍTICA SOCIAL EN IPARRALDE
Históricamente marcada por una cultura política jacobina y una organización administrativa centralizada, dirigida por una alta función pública sumamente homogénea proveniente de las Grandes Escuelas donde se forman las élites de país, la política social diseñada y posteriormente implementa en Francia ha sido objeto de descentralizaciones sucesivas a partir de inicios de los años ochenta: la primera tiene lugar en 1982-1983, la segunda en 2003-2004 y la tercera en 2014-2015. Esto se traduce por el hecho de que las administraciones territoriales gocen de competencias crecientes en esta materia.
En semejante contexto, la política social llevada a cabo en el País Vasco norte es de carácter multinivel, puesto que, paralelamente al gobierno central y al parlamento galo que continúan gozando de buena parte del poder legislativo e incluso reglamentario y controlando la mayor parte de las fuentes de financiación, tanto el Departamento de los Pirineos-Atlánticos, convertido en jefe de filas de la política social desde la ley constitucional de 2003, como la Mancomunidad Vasca creada en 2017 y los 158 municipios de Iparralde han asumido competencias crecientes tanto en ayuda como en acción social.
Esto se traduce por la concesión y gestión de une serie de prestaciones y servicios por dichas administraciones, intentando afrontar, de la mejor manera y de la forma más ajustada posibles, los desafíos sociales y socio-sanitarios a los cuales se enfrenta el territorio y, concretamente, la acogida de nuevos habitantes en un contexto de fuerte crecimiento demográfico; la construcción de viviendas, sobre todo sociales, en cantidades suficientes, especialmente en las zonas bajo tensión situadas en la costa labortana; la ayuda prestada a las familias monoparentales cuyo número no para de crecer con el incremento de los divorcios y de las separaciones; la atención de las personas mayores, particularmente aquellas que se encuentran en una situación de dependencia; y, el amparo proporcionado a los trabajadores precarios como consecuencia de la desregulación del mercado laboral.
No obstante, si la gestión se produce en gran medida a nivel local, las principales decisiones continúan tomándose a nivel estatal, de modo que la desconcentración prevalga a menudo sobre la descentralización propiamente dicha y que la política social no se ajuste necesariamente a las necesidades específicas de la población local. Esta situación se explica por la prevalencia de una cultura republicana, tanto en la clase política como en la administración pública, que prioriza la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley en lugar de buscar una mayor eficacia de la acción pública. A su vez, el Departamento no es necesariamente el nivel apropiado, por una parte, porque las reformas territoriales de 2014 y 2015 se han traducido por su debilitamiento competencial y presupuestario, y, por otra parte, porque el Departamento de los Pirineos-Atlánticos es bicéfalo, ya que se divide en dos entidades territoriales cuyos rasgos culturales, socioeconómicos y políticos son muy dispares. Por último, la escasa autonomía fiscal de las administraciones territoriales, las sitúa en una situación de vulnerabilidad, dado que dependen ampliamente de las dotaciones del Estado que son generalmente insuficientes y oscilan en función de los imperativos de reducción de los niveles de déficit y de endeudamiento. De hecho, el Estado galo se escuda detrás de la exigencia de la Unión Europea a la hora de respetar los criterios fijados por el Tratado de Maastricht en virtud de los cuales el déficit de los Estados miembros no puede ser superior al 3% del PIB y la deuda no puede superar el 60% del mismo.
Ante semejante situación, tres tipos de reformas político-administrativas pueden ser contempladas. En primer lugar, es posible proceder a un reforzamiento de la descentralización de la política social, de modo que tanto la toma de decisión como la implementación puedan producirse a nivel local, lo que permitiría adecuar dicha política pública a las especificidades del territorio y, por lo tanto, a las necesidades y demandas de la ciudadanía de Iparralde. En segundo lugar, dada la institucionalización del País Vasco norte y la existencia de una fuerte identidad colectiva, se podría fortalecer la Mancomunidad Vasca como institución encargada de elaborar y luego llevar a cabo una política social propia, especialmente en materia de acción social, así como de coordinar los actores públicos y privados concernidos por la cohesión social. En tercer lugar, sería posible incrementar la autonomía fiscal de las administraciones territoriales, para reducir el nivel de dependencia hacia el Estado y garantizar una financiación suficiente y perenne.
No en vano, a corto plazo, es poco probable que dichas reformas sean llevadas a cabo. Por una parte, porque ni el Estado, ni la Región, ni el Departamento, deseosos de mantener sus competencias y, por lo tanto, su poder, han manifestado la menor intención de transferir o delegar algunas de sus competencias a la Mancomunidad Vasca, sabiendo que la delegación de competencias supone que la Comunidad de Aglomeración del País Vasco se ponga de acuerdo, vía convenio, con las administraciones públicas competentes para asumir dichas competencias, durante un periodo determinado, según un sistema de supervisión y con una dotación financiera negociados previamente. Por otra parte, porque la Mancomunidad Vasca fue creada en 2017, de modo que solo haya gozado de cinco años para fusionar las administraciones de las antiguas diez mancomunidades del territorio (2 comunidades de aglomeración y 8 comunidades de municipios), asumir todas las competencias contempladas por la ley e implementar las 23 políticas sectoriales diseñadas.
Esto no quiere decir que, a medio plazo, dentro de una cuarta fase de descentralización de la política social, dichos cambios no puedan producirse.
Tribuna Abierta publicada el 23 de febrero de 2023 en Euskonews.