LA POLÍTICA SOCIAL EN IPARRALDE
Históricamente marcada por una cultura política jacobina y una organización administrativa centralizada, dirigida por una alta función pública sumamente homogénea proveniente de las Grandes Escuelas donde se forman las élites de país, la política social diseñada y posteriormente implementa en Francia ha sido objeto de descentralizaciones sucesivas a partir de inicios de los años ochenta: la primera tiene lugar en 1982-1983, la segunda en 2003-2004 y la tercera en 2014-2015. Esto se traduce por el hecho de que las administraciones territoriales gocen de competencias crecientes en esta materia. En semejante contexto, la política social llevada a cabo en el País Vasco norte es de carácter multinivel, puesto que, paralelamente al gobierno central y al parlamento galo que continúan gozando de buena parte del poder legislativo e incluso reglamentario y controlando la mayor parte de las fuentes de financiación, tanto el Departamento de los Pirineos-Atlánticos, convertido en jefe de filas de la política social desde la ley constitucional de 2003, como la Mancomunidad Vasca creada en 2017 y los 158 municipios de Iparralde han asumido competencias crecientes tanto en ayuda como en acción social. Esto se traduce por la concesión y gestión de une serie de prestaciones y servicios por dichas administraciones, intentando afrontar, de la mejor manera y de la forma más ajustada posibles, los desafíos sociales y socio-sanitarios a los cuales se enfrenta el territorio y, concretamente, la acogida de nuevos habitantes en un contexto de fuerte crecimiento demográfico; la construcción de viviendas, sobre todo sociales, en cantidades suficientes, especialmente en las zonas bajo tensión situadas en la costa labortana; la ayuda prestada a las familias monoparentales cuyo número no para de crecer con el incremento de los divorcios y de las separaciones; la atención de las personas mayores, particularmente aquellas que se encuentran en una situación de dependencia; y, el amparo proporcionado a los trabajadores precarios como consecuencia de la desregulación del mercado laboral. No obstante, si la gestión se produce en gran medida a nivel local, las principales decisiones continúan tomándose a nivel estatal, de modo que la desconcentración prevalga a menudo sobre la descentralización propiamente dicha y que la política social no se ajuste necesariamente a las necesidades específicas de la población local. Esta situación se explica por la prevalencia de una cultura republicana, tanto en la clase política como en la administración pública, que prioriza la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley en lugar de buscar una mayor eficacia de la acción pública. A su vez, el Departamento no es necesariamente el nivel apropiado, por una parte, porque las reformas territoriales de 2014 y 2015 se han traducido por su debilitamiento competencial y presupuestario, y, por otra parte, porque el Departamento de...
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