EL DEBATE SOBRE LA FISCALIDAD
Durante el proceso de negociación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para el año 2020, varios partidos de la oposición, tales como EH Bildu, el Partido Popular y Ezker Anitza, componente de la coalición Elkarrekin Podemos, han solicitado que se proceda simultáneamente a una reforma fiscal, de diferente índole en función de las ideologías respectivas, para que el debate no gire solamente en torno al gasto público sino que aborde igualmente los ingresos fiscales. Estos últimos son aún más relevantes que, como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, aprobada por las Cortes Generales el 23 de agosto de 2011 con el apoyo del PP, del PSOE y de UPN, las administraciones públicas están obligadas a presentar cuentas equilibradas, a limitar notablemente las posibilidades de déficit público y a priorizar el pago de la deuda pública. Esta reforma resulta de la aprobación del Pacto Fiscal Europeo por los líderes europeos, que incluye el compromiso de cada país-miembro de incluir en su Constitución una regla de oro presupuestaria con el fin de restaurar la confianza financiera en Europa.
En ese contexto, la discusión en torno a la fiscalidad resulta ineludible, más aún sabiendo que, en el Estado español, en 2018, la presión fiscal, que incluye los impuestos y las cotizaciones sociales, es del 35,4% del PIB, es decir “cinco puntos por debajo del promedio de la Unión Europea (40,3%) y seis puntos por debajo de la media de la eurozona (41,7%)”. La distancia que separa la península ibérica de los países europeos con mayor presión fiscal es superior todavía, dado que dicha presión es del 45,9% en Dinamarca, del 47,2% en Bélgica y del 48,4% en Francia. Y aunque la presión fiscal prevalente en el Estado haya aumentado ligeramente entre 2017 y 2018, pasando del 34,7% al 35,4%, es “el undécimo país de la Unión Europea con menor presión fiscal de un total de 28 países y el octavo si se tiene en cuenta solo a los 19 países de la eurozona”. Además, Bizkaia, Gipuzkoa y Araba se sitúan, junto a Madrid, a la cabeza de los territorios con menor presión fiscal del Estado español.
Pero, además, la fiscalidad vigente en España es poco progresiva, como lo muestra la estructura de los ingresos fiscales, dado que las cotizaciones sociales equivalen al 12,4% del PIB, frente al 13,3% de media en la Unión Europea, los impuestos sobre la renta y el patrimonio suponen el 10,6% del PIB, frente al 13,2% de media en la UE, y el impuesto de sociedades es del 2,5%, dos décimas por debajo de la media comunitaria. Aunque sea conveniente introducir matices, la situación es relativamente similar en Euskadi, cuyas haciendas dependen de las Diputaciones Forales que gozan de la competencia en materia de fiscalidad, sobre todo en lo que alude a los impuestos directos, tales como el impuesto sobre la renta, el impuesto de patrimonio y el impuesto de sociedades. De hecho, tras rebajar el impuesto de sociedades del 28% al 24% en 2018, la Diputación Foral de Araba contempla la posibilidad de suprimir el impuesto de patrimonio.
Esta presión y estructura fiscal no permite dotar las administraciones vascas de ingresos fiscales suficientes para afrontar los periodos de recesión y de débil crecimiento económico, por una parte, y asumir los gastos incompresibles vinculados a la sanidad, la educación y los servicios sociales que representan la mayor parte del gasto público, por otra parte. Además, es preciso tener en cuenta que Euskadi se enfrenta un serio desafío demográfico sinónimo de envejecimiento acelerado de su población como consecuencia de una esperanza de vida que no para de crecer y de una tasa de natalidad que es una de las más bajas de Europa.
Pero, cualquier reforma fiscal que pretenda incrementar los ingresos debe ser acompañada de la aprobación de medidas que buscan aumentar el consentimiento al impuesto de la ciudadanía. Esto implica tener en cuenta los siguientes aspectos.
En primer lugar, es ineludible acentuar la progresividad de la fiscalidad, exigiendo una contribución superior a los que gozan de mayores ingresos y patrimonios. La solución puede consistir, entre otras medidas, en la creación de un Impuesto sobre la Gran Fortuna de carácter progresivo, pagado por las personas físicas o los hogares que detienen un patrimonio superior a un cierto umbral, tal como el que existe en Francia desde 1989 a la iniciativa del gobierno liderado por Michel Rocard.
En segundo lugar, es inevitable mejorar la transparencia en cuanto al uso del dinero público, es decir que los contribuyentes deben tener la certeza de que las cotizaciones sociales y los impuestos que pagan son gestionados correctamente por las administraciones públicas y que pueden confiar en ellas. Los países del norte de Europa han sido pioneros en esta materia al permitir a los ciudadanos acceder a un máximo de información referente al uso del dinero público, tanto por Internet como por otras vías.
En tercer lugar, es imprescindible garantizar la eficiencia en la utilización del dinero público, lo que implica que cada euro recaudado sea usado adecuadamente para cumplir una función determinada o, dicho de otra forma, que se utilice el menor número de recursos posibles para alcanzar la mayor cantidad de objetivos contemplados. La digitalización de la administración, la elevación de la productividad de los empleados públicos o la mejora de la coordinación de los servicios pueden permitir alcanzar dicha finalidad.
En cuarto lugar, es necesario luchar contra la corrupción político-empresarial, mejorando la regulación sobre la concesión de los contratos públicos y la financiación de los partidos políticos para evitar la financiación ilegal de los mismos y el enriquecimiento personal de cargos electos, y el fraude fiscal, luchando contra la evasión fiscal de las grandes multinacionales y de las grandes fortunas vía los paraísos fiscales procediendo a la generalización de sanciones financieras contra los Estados que no respetan los estándares internacionales de transparencia, la creación de un catastro financiero internacional para facilitar el intercambio automático de información, y la creación de un impuesto mundial sobre el capital porque supondría el final de la opacidad financiera.
En quinto lugar, es imperioso garantizar el retorno de los impuestos y cotizaciones sociales pagados por los ciudadanos en términos de servicios, prestaciones y equipamientos, tales como carreteras, hospitales y escuelas, pero también pensiones, ayudas sociales o plazas en las guarderías. Esto significa que los contribuyentes deben constatar en sus vidas diarias que reciben una justa contrapartida a cambio del esfuerzo fiscal consentido.
Estas medidas son susceptibles de mejorar el consentimiento al impuesto y de permitir un aumento progresivo de la presión fiscal, lo que incrementaría los ingresos y autorizaría financiar la inversión pública.
Tribuna Abierta publicada en el periódico DEIA el 4 de diciembre de 2019.