El 24 y 25 de noviembre de 2014 ha tenido lugar The Bilbao Youth Employment Forum (BYEF), organizado por la Fundación Novia Salcedo y la Universidad del País Vasco, para debatir sobre el futuro del empleo juvenil. Previamente, un equipo multidisciplinar de la UPV-EHU del que he formado parte y que ha sido dirigido por el catedrático Sabino Ayestarán, ha elaborado un informe sobre los “Frenos al empleo juvenil”. Ese Informe fue debatido y enriquecido en las Jornadas de Estudio organizadas el 13 de octubre de 2014. Sobre la base de ese documento se ha debatido, contando con la participación de embajadores de varios países, representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), autoridades de distintas Universidades, expertos internacionales en políticas de empleo, representantes sindicales y directivos empresariales. A lo largo de ese coloquio, se han identificado diez factores que son susceptibles de explicar la prevalencia del desempleo juvenil que afecta al 23,2% de los menores de 25 años en la eurozona, cifra que supera los 5 millones en la Unión Europea de los 28. Como se precisa en el informe, “estos datos son muy superiores a los porcentajes de desempleo observados en la población en general ya que el paro en la eurozona es del 11,5% y el desempleo en la UE-28 se sitúa en el 10,2%”. No en vano, existen diferencias notables entre los Estados miembros puesto que las tasas más bajas de paro juvenil se producen en Alemania (7,8%), Austria (9,3%) y Países Bajos (10,4%), mientras que las más altas se dan en España (53,8%) y Grecia (53,1%). De la misma forma, las variaciones son notables en el seno de los propios estados, a la imagen de España ya que las tasas de desempleo juvenil más elevadas se encuentran en Ceuta (72,7%) y Andalucía (66,1%), mientras que las más bajas se hallan en Navarra y Euskadi. El primer factor explicativo del paro juvenil se refiere a la crisis financiera que empieza en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Ante el riesgo de crisis global del sistema financiero internacional, los Estados se han visto obligados a rescatar las entidades financieras al borde de la quiebra, además de aprobar planes de reactivación económica con el fin de evitar una depresión económica comparable a la de los años treinta del pasado siglo. Esta crisis financiera se ha convertido en crisis económica, con el retroceso de la actividad económica, la disminución del consumo interno y la interrupción de la inversión empresarial. Asimismo, ha tenido consecuencias sociales nefastas y ha desembocado en una crisis política de la que da cuenta el fortalecimiento de los partidos populistas...

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En pleno debate en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre el fraude social por el supuesto uso abusivo de las ayudas sociales en general y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en particular por ciertos colectivos, es preciso detenerse sobre el caso francés ya que existe un debate similar desde hace varios años. Los datos oficiales indican claramente que, no solamente el fraude social de los particulares representa un fenómeno residual sino que, por una parte, la no-solicitud de las ayudas sociales es muy superior al fraude, y, por otra parte, las empresas son los principales autores de dicho fraude. En efecto, según el informe de la Misión de evaluación y de control de las leyes de financiación de la Seguridad social (MECSS) de 2011, el fraude a las prestaciones sociales efectuado por los particulares oscila entre 2 y 4 mil millones de euros. Dicho fraude puede consistir en no declarar inmediatamente la vuelta al empleo mientras se continúa percibiendo la prestación por desempleo, no señalar a los organismos sociales que las rentas del trabajo se han incrementado mientras se cobra la Renta de Solidaridad Activa (RSA), fingir una enfermedad para seguir cobrando las indemnidades por baja médica o beneficiarse indebidamente de las prestaciones familiares. En ese sentido, buena parte del llamado fraude a las prestaciones sociales resulta de un desajuste en los procedimientos administrativos que se subsana, en gran medida, gracias a un mayor control. En cualquier caso, ese fraude social es muy inferior a la no-solicitud de los derechos sociales que consiste en el hecho de no beneficiarse de una prestación al que una persona tiene derecho por ley. Entre las rentas mínimas se encuentra la RSA que fue creada para conceder una renta complementaria a las rentas del trabajo cuando estas son insuficientes para poder vivir dignamente. Según la Dirección a la Animación de la Investigación, de los Estudios y de las Estadísticas (DARES), en 2011, la tasa de no-solicitud es del 68%, es decir que prácticamente 7 de cada 10 personas que tendrían derecho a obtener esta prestación no la solicitan, lo que representa una cuantía de 5,2 mil millones de euros, según el comité de evaluación de la RSA. Pero no se trata de la única prestación social a la que no recurren los ciudadanos galos dado que la Cobertura Médica Universal (CMU), que es una cobertura sanitaria complementaria a destinación de las personas cuyos recursos son inferiores a 720 euros al mes, conoce en 2014 una tasa de no-solicitud que se sitúa entre el 21 y el 34% en función de los Departamentos. Esto representa una cuantía por repartir que oscila entre 160 y 560 millones de euros. La Ayuda...

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En un contexto marcado por los casos de fraude fiscal, tanto en el ámbito empresarial como en la esfera política, y las distorsiones provocadas en el sistema monetario internacional por la vigencia de los paraísos fiscales, el acuerdo firmado en Berlín el 29 de octubre de 2014 representa un punto de inflexión en la lucha contra los paraísos fiscales y el fraude fiscal a nivel internacional. En efecto, 49 países se han reunido, en un Hotel situado en la Potsdamer Platz de la capital germana, para firmar un acuerdo según el cual se comprometen a transferir automáticamente sus datos fiscales sobre los contribuyentes del mundo entero a partir de 2017, sabiendo que dichos datos se refieren a las cuentas bancarias ubicadas en el extranjero, la percepción de rentas e intereses, la posesión de acciones y participaciones, etc. Y otros 51 países se comprometen a practicar en un futuro próximo ese tipo de intercambio automático. Ese acuerdo ha sido firmado tanto por grandes potencias miembros del G-20 (Alemania, Reino Unido o Francia), Estados-miembros de la Unión Europea que practican parcialmente el secreto bancario (entre los cuales figuran Austria y Luxemburgo) como por paraísos fiscales reconocidos como tales por las instancias internacionales, a imagen de las Islas Caimán, las Islas Bermudas o la Isla de Jersey. Esa firma es el fruto de una larga negociación diplomática llevada a cabo por el Foro Fiscal Mundial (o Foro Mundial para el Intercambio de Informaciones y la Transparencia con fines Fiscales) compuesto por 123 países y que emana de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras recibir el mandato del G-20. Como lo precisa Anne Michel, las negociaciones han sido llevadas a cabo personalmente por Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscales de la OCDE y Jefe del Secretariado del Foro Mundial. Se han beneficiado asimismo del impulso y ayuda de los Estados Unidos que han sido pioneros en materia de intercambio automático de datos fiscales gracias a la aprobación de la ley Facta. Ese acuerdo es vinculante puesto que los Estados firmantes se encuentran, de ahora en adelante, en la obligación legal de transferir sus datos fiscales de manera automática según las normas fijadas por la OCDE. Ese intercambio pretende mejorar el sistema vigente actualmente en virtud del cual se comunican los datos fiscales de un particular o una empresa tras recibir una solicitud oficial que se inscribe en un procedimiento administrativo o judicial por considerar que existen indicios de fraude fiscal. La respuesta a estas demandas depende de la normativa vigente en cada Estado y de la voluntad política de sus dirigentes. En el caso de los países que practican el secreto bancario, es muy...

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La extrema derecha en Francia no deja de incrementar su implantación electoral como dan cuenta de ello los buenos resultados obtenidos en las elecciones presidenciales y legislativas de 2012, las elecciones municipales de 2014 con más de 1.500 concejales y 15 alcaldías, y las elecciones europeas de 2014 donde llegó en primera posición con el 26% de los sufragios. La consecución de dos ediles en las elecciones senatoriales del 28 de septiembre de 2014, por primera vez desde la instauración de la Quinta República, no hace sino confirmar ese auge. El fortalecimiento del Frente Nacional no parece tener fin dado que, según el sondeo realizado por el Instituto IFOP para el periódico Le Figaro los 3 y 4 de septiembre de este año, la candidata Marine Le Pen llegaría en primera posición de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2017 sea cual sea los candidatos de derechas e izquierdas que tendría en frente. Obtendría el 28% de los votos si Sarkozy (25%) fuese el candidato de la UMP, el 30% si fuera Juppé (24%) y el 32% si fuese Fillon (17%). En la segunda vuelta, si su oponente fuera Hollande, ganaría con el 54% de los sufragios. Este auge de la extrema derecha francesa se debe a la incapacidad de los partidos de gobierno a reducir el desempleo, la precariedad y la pobreza así como a fomentar un crecimiento económico vigoroso y duradero que permita garantizar un sistema de protección social eficaz e integral. Asimismo, los casos de corrupción vinculados a la financiación ilegal de los partidos políticos y de las campañas electorales y la elusión fiscal minan la confianza de los electores en sus representantes. A estos factores conviene añadir la estrategia de “desdemonización” del FN elaborado e implementado por su presidenta así como su búsqueda de credibilidad para aparecer como un partido de gobierno. Esta búsqueda pasa por 1) la elaboración de un programa preciso y sólido, sobre todo en el ámbito socioeconómico, 2) la formación de sus militantes, cuadros y cargos electos, y 3) la atracción de nuevos perfiles. Conviene detenernos sobre cada uno de estos tres aspectos. En primer lugar, para convertirse en un partido de gobierno moderno que sea capaz de aglutinar a más del tercio del electorado, era indispensable no centrar exclusivamente su discurso sobre la inmigración, la inseguridad y la nación sino desarrollar un programa detallado en el ámbito socioeconómico que concentra la mayor parte de las preocupaciones de la ciudadanía en tiempos de crisis. Como lo subraya Gilles Ivaldi, “credibilización y reposicionamiento competitivo están en el corazón de su nuevo despliegue estratégico”. Ya en 2007, cuando Marine Le Pen fue directora estratégica de la campaña presidencial de su padre, se...

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El pasado 27 de junio, el prefecto (delegado del gobierno) del departamento de los Pirineos Atlánticos, Pierre-André Durand, presentó ante el Consejo de Electos del País Vasco, las opciones contempladas por el Estado de cada a dotar el País Vasco norte de una institución propia. Esta propuesta se inscribe en un contexto marcado por la reivindicación de una colectividad territorial con estatus particular de la mayoría de los cargos electos, agentes sociales y ciudadanos de ese territorio así como de la reforma territorial anunciada por el Primer Ministro galo, Manuel Valls, que contempla, por una parte, la reducción del número de regiones (equivalentes de las comunidades autónomas) y la desaparición progresiva de los departamentos (equivalentes de las diputaciones), y, por otra parte, la transferencia de las competencias de los departamentos a las regiones y a las mancomunidades. En la reunión mencionada, el prefecto presentó la metodología que piensa utilizar. En los próximos días, comenzará una ronda de contactos con los representantes de las distintas mancomunidades para presentar las opciones institucionales contempladas por el Estado; ronda que espera terminar el 12 de julio. Previamente, el día 7 de julio, hará lo mismo ante el Consejo de Desarrollo del País Vasco. A partir de entonces, los cargos electos reunidos en el Consejo de Electos tendrán un periodo de seis meses para debatir las diferentes opciones y posicionarse a favor de una u otra. A finales de año, el prefecto se reunirá de nuevo con las instituciones mencionadas tras la actualización realizada por los diputados y senadores galos. Como lo precisa Arantxa Manterola, una vez definida la estructura institucional, a partir de 2015 comenzará el trabajo técnico de puesta en marcha (redacción de estatus, fiscalidad, creación de la estructura) para que entre en vigor el 1 de enero de 2017. Entre las opciones institucionales contempladas por el Estado, figuran dos tipos de instituciones: las estructuras federativas, tales como el Polo de Equilibrio Territorial y Rural y el Polo Metropolitano, y las estructuras integradas como la Comunidad de Aglomeración y la Comunidad Urbana. Conviene detenerse sobre cada una de estas estructuras. En primer lugar, el Polo de Equilibrio Territorial y Rural (PETR) ha sido creado por la ley n°2014-58 del 27 de enero de 2014 relativa a la modernización de la acción pública territorial. Las PETR son unas entidades creadas por acuerdo de las Entidades Públicas de Cooperación Inter-municipal (EPCI) con fiscalidad propia, en el seno de un perímetro único sin enclaves, de cara a llevar a cabo acciones de interés común y a elaborar un proyecto de territorio que defina las condiciones de desarrollo económico, ecológico, cultural y social en el perímetro del Polo de Equilibrio Territorial y Rural. Este proyecto territorial...

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El instituto de sondeos IFOP acaba de publicar los resultados de una encuesta de opinión realizada el 25 de mayo de 2014 a una muestra de 3.373 personas simpatizantes de sindicatos representativos en Francia para conocer su voto en las últimas elecciones europeas. Los resultados son preocupantes ya que dan cuenta del incremento del voto a favor de la extrema derecha incluso entre los simpatizantes sindicales. Si bien es cierto que el voto favorable a las listas del Frente Nacional (FN) es inferior a la media, es sin embargo notable. Así, si el 30% de los asalariados han votado a favor del partido presidido por Marine Le Pen, el 25% de los simpatizantes sindicales han hecho lo mismo, mientras que esa proporción asciende al 34% entre los trabajadores que no manifiestan ninguna proximidad sindical. Esto significa que, aunque sea inferior a la media de los trabajadores, la cuarta parte de los simpatizantes sindicales ha votado a favor del partido de extrema derecha. Por lo tanto, la proximidad a un sindicado, sabiendo que la mayoría es de izquierdas, ha dejado de ser una barrera de contención a la extrema derecha. Si analizamos los datos más detalladamente observamos que este fenómeno afecta a todas las centrales sindicales, aunque sea en mayor o menor medida. De hecho, la extrema derecha consigue el 33% del voto entre los simpatizantes del sindicato FO, el 29% entre los trabajadores próximos a la CFTC (sindicato católico), CFE-CGE (central que representa a cuadros y directivos) y UNSA (sindicato corporativo), el 27% entre los simpatizantes de Solidaires (afín al Front de Gauche y a la extrema izquierda), el 22% entre los asalariados afines a la CGT (próximo al Partido Comunista Francés) y el 17% entre los trabajadores que se identifican con la CFDT, socio preferente del gobierno socialista y próximo a las tesis socialdemócratas. Este fenómeno alcanza incluso el mundo académico ya que el 22% de los docentes que se sienten próximos al sindicato FSU han votado a favor de las listas lideradas por Marine Le Pen. En otros términos, el voto a favor de la extrema derecha gala se está desarrollando rápidamente, incluso entre los asalariados que gozan de cierta conciencia política, con inquietudes sociales y que votaban hasta entonces a sindicatos y partidos de izquierdas. Esta situación ha despertado todas las alarmas en numerosas centrales sindicales, empezando por la CGT, primer sindicato por el número de afiliados y votos. La central, que adhiere a las tesis comunistas, subraya que, “incluso si no se trata de una sorpresa, no podemos satisfacernos del voto del Frente Nacional”, de modo que su Secretario General, Thierry Lepaon, haya anunciado la organización de una huelga y una manifestación el 26 de...

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