Gaurkotasunaren analisia eta eztabaida, Amaia Cayero eta Ilaski Serranoren eskutik. Gonbidatu parte-hartzaileen artean, Eguzki Urteaga. Ikusi hemen:

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Gaurkotasunaren analisia eta eztabaida, Saioa Martija eta Ilaski Serranoren eskutik. Gonbidatu parte-hartzaileen artean, Eguzki Urteaga. Ikusi hemen:

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La creación del Instituto Cultural Vasco (ICV) en 1990 marca un punto de inflexión en la política a favor de la cultura vasca en Iparralde, por una parte, porque el territorio dispone, a partir de entonces, de una política específica que aspira a fomentar su propia cultura, y, por otra parte, puesto que el País Vasco norte se dota de una institución encargada de elaborar, implementar y evaluar esta política pública. De hecho, hasta la fecha, la política cultural, en la cual la cultura vasca estaba marginada al ocupar un lugar residual, era concebida y llevada a cabo por el Estado galo, la Región Aquitania, el Departamento de los Pirineos-Atlánticos y los Ayuntamientos de Iparralde. Esta situación propició la constitución y la posterior movilización de un movimiento cultural vasco dinámico y de un movimiento nacionalista vasco vivaz para el cual la defensa y la promoción de la identidad lingüística y cultural vasca constituían aspectos esenciales. De hecho, la formación de la ICV se produce en un contexto histórico marcado por un doble fenómeno. Por una parte, tras décadas de relaciones conflictivas entre las administraciones públicas y la sociedad civil organizada encarnada por las asociaciones culturales vascas que desean fomentar la lengua y la cultura propias, las instituciones expresan el deseo de pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación. Esta voluntad se plasma en la creación de instancias de concertación que reúnen a todos los actores implicados en la cultura para, de manera conjunta, elaborar un diagnóstico de la situación, fijar unos objetivos a medio y largo plazo, y diseñar unas medidas que permitan alcanzarlos. En este sentido, se trata de una nueva manera de concebir, implementar y evaluar las políticas culturales. Por otra parte, se recrudece el debate en torno a la diversidad cultural y los derechos culturales que tendrán posteriormente un amparo internacional gracias a la Declaración de la UNESCO de 2001 y la Declaración de Friburgo de 2007. Así, en el artículo primero de su Declaración, la UNESCO afirma que la diversidad cultural « constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras ». Añade, en su tercer artículo, que « la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria ». De su parte, la Declaración de Friburgo subraya que los derechos culturales « son esenciales para la dignidad humana; por ello forman parte integrante de los derechos humanos y deben interpretarse según los principios de universalidad,...

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El contexto actual está marcado, a la vez, por la exacerbación de las tensiones territoriales, con la metropolización de las capitales regionales, el auge del fenómeno periurbano y la despoblación de las zonas rurales cada vez menos dotadas en servicios públicos y empleos, y por el agotamiento de un modelo de desarrollo basado en la concentración de la actividad productiva, la explotación de los recursos naturales y el aumento de las desigualdades sociales. Si estas evoluciones no son específicas al País Vasco norte, encuentran en él una resonancia particular, tratándose tanto de una realidad histórica, cultural y político-administrativa como de un territorio de proyecto. Es preciso dar cuenta de esta manera original de concebir el territorio y de contemplar su ordenación y desarrollo apoyándose en una nueva gobernanza que aspira a asociar todos los actores concernidos en la concepción, implementación y evaluación de las políticas públicas. Todo empieza a inicios de los años noventa, en un periodo caracterizado por la desaparición progresiva de la violencia política en el País Vasco norte y la voluntad de los poderes públicos de pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación entre los poderes públicos y la sociedad civil organizada con el lanzamiento de la Prospectiva País Vasco 2010. Este trabajo, que moviliza los actores del territorio, consta de un apartado diagnóstico, que intenta realizar un inventario exhaustivo en los ámbitos económicos, sociales o culturas, y de otro apartado prospectivo, que distingue las diferentes evoluciones posibles del País Vasco situado al norte de la Bidasoa según las decisiones tomadas por las autoridades. Este informe provoca una toma de conciencia de los poderes públicos sobre la necesidad de poner en marcha, de manera urgente y perenne, unas políticas públicas ambiciosas en el territorio. No obstante, la elaboración y, luego, la implementación de semejantes políticas implica dotar el territorio de un dispositivo de gobernanza inclusivo poniendo énfasis en la participación de los actores de la sociedad civil organizada y la concertación permanente entre estos y los poderes públicos. Esto desemboca, entre 1994 y 1995, en la creación del binomio formado por el Consejo de Desarrollo del País Vasco (CDPV) y el Consejo de Electos del País Vasco (CEPV). Si el primero reúne a los representantes de las principales cooperativas, sindicatos y asociaciones o a personas que tienen una experteza en un ámbito preciso, el segundo aglutina a los principales cargos electos del territorio. Una vez el dispositivo de gobernanza puesto en marcha, el CDPV elabora y, posteriormente, pone en aplicación una metodología de trabajo que permite a las comisiones temáticas formular unas propuestas concretas en cada uno de los ámbitos abordados por la Prospectiva País Vasco 2010. Esta labor de varios meses,...

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