A FAVOR DE UNA POLÍTICA MACROECONÓMICA CONTRA-CÍCLICA

A FAVOR DE UNA POLÍTICA MACROECONÓMICA CONTRA-CÍCLICA

Como consecuencia de la crisis del coronavirus y de las medidas tomadas por las diferentes administraciones públicas para contener su difusión y mitigar sus efectos lesivos, tanto a nivel sanitario como a nivel socioeconómico, los países de la Unión Europea se enfrentan a unas perspectivas económicas nefastas para el año 2020 sinónimas de fuerte contracción de la actividad económica, notable incremento del déficit y de la deuda pública, y considerable aumento del desempleo. De hecho, según las últimas previsiones de la Comisión Europea, en el año 2020, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea debería retroceder del 7,4% (del 7,7% para los 19 países de la zona euro), dado que todos los motores del crecimiento, tales como la producción, el consumo y la inversión, están bajo mínimos. Más detalladamente, Italia, España y Grecia deberían asistir a una contracción de sus economías superior al 9% (-9,7%, -9,5% y -9,4% respectivamente), Francia retrocedería del 8,2% y Alemania del 6,5%.  Sucedería algo parecido con los déficits y las deudas públicas de los Estados miembros, dado que, en Francia por ejemplo, estas alcanzarían respectivamente el 9,9% y el 116,5% del PIB, frente al  8,5% y al 102,7% de media en la zona euro. No en vano, los países del Sur de Europa saldrían especialmente perjudicados, con unos niveles de déficit y de deuda pública muy superiores a la media. La repercusión sería igualmente considerable sobre el desempleo, ya que este aumentaría de dos puntos en la eurozona para alcanzar el 9,6% a finales de año. Pero, en este caso también, las disparidades serían notables entre los países europeos, dado que, si Alemania acabaría el año con un 4% de desempleo, esta tasa alcanzaría el 18,9% en España y el 19,9% en Grecia, mientras que Francia e Italia se situarían en unas posiciones intermedias, con respectivamente el 10,1% y el 11,8% de personas sin empleo. Para contener el impacto socioeconómico de la crisis del coronavirus, los Estados miembros han aprobado una serie de medidas fiscales sinónimas de impulso fiscal inmediato, diferimientos en el pago de impuestos y cotizaciones sociales, y garantías. Pero, en este caso también, las diferencias entre los países de la Unión son considerables. Así, mientras que Alemania dedica el 6,9% de su PIB al impulso fiscal inmediato, el 14,6% a diferimientos y el 38,6% a garantías, los países del Sur de Europa se encuentran a años luz. De hecho, España consagra el 1,1% del PIB al impulso fiscal inmediato, el 1,5% a diferimientos y el 9,1% a garantías, y las medidas fiscales aprobadas por Grecia son menores aún. En otros términos, los países europeos que han aprobado las medidas fiscales más enérgicas con respecto a sus PIB son aquellos que...

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NECESIDAD DE UN ENFOQUE INTEGRAL DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

NECESIDAD DE UN ENFOQUE INTEGRAL DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La epidemia del coronavirus iniciada en China, antes de extenderse al conjunto del planeta convirtiéndose en pandemia, ha provocado una triple crisis: sanitaria, socioeconómica y política. Más allá de la necesidad de anticipar y priorizar la acción de las administraciones públicas internacionales, europeas, estatales y regionales, ante la rapidez de su propagación y la magnitud de sus consecuencias, esta crisis pone de manifiesto la imperiosa necesidad de tener une visión integral que no caiga en simplificaciones. De hecho, tanto la propia crisis del coronavirus como sus efectos y las medidas que exigen por parte de los poderes públicos son sumamente complejos y están estrechamente entrelazados.  En primer lugar, el coronavirus ha provocado una crisis sanitaria planetaria de grandes dimensiones tanto por el número de personas contagiadas como por la cantidad de fallecidos. Esta situación, además de provocar un riesgo de colapso de los servicios de reanimación y el contagio del numerosos profesionales del sistema sanitario, ha llevado los hospitales a reorganizarse, aumentando el número de camas en los servicios de reanimación, cancelando intervenciones y consultas no urgentes, y movilizando el personal sanitario en la lucha contra el coronavirus. El problema es que, como consecuencia de ello, los pacientes que sufren otras patologías han sido descuidados, de modo que, lo que se ha ganado en la atención de personas afectadas por este virus, se ha perdido en la atención de pacientes crónicos que sufren cáncer, diabetes o hipertensión, así como aquellos que padecen enfermedades repentinas como infartos o ictus. Cada vez más sanitarios muestran su preocupación ante la desatención o la atención tardía de estos pacientes, bien porque los servicios de urgencias están saturados, bien porque se han retrasado consultas y pruebas médicas, bien porque las personas que sufren estas dolencias tardan en acudir a urgencias, lo que incrementa el riesgo de fallecimiento o, al menos, de padecer secuelas irreversibles. En segundo lugar, las medidas que se han tomado para limitar la expansión del coronavirus, y, especialmente, aquellas que imponen el confinamiento en los hogares e interrumpen las actividades económicas no-esenciales, tienen consecuencias socioeconómicas considerables. En el estado español, el número de empleos destruidos asciende a 834.000 y el paro sube considerablemente en el mes de marzo. La pérdida de empleo es superior aún en Estados Unidos donde, en dos semanas, 10 millones de personas han perdido su trabajo. Esta destrucción masiva de empleo traduce un retroceso brutal de la actividad económica que sumergirá la mayoría de las economías en la recesión. En Francia, el INSEE calcula que cada mes de confinamiento provocará un retroceso del 3% del PIB anual. Pero, los efectos del confinamiento conciernen igualmente otras dimensiones sociales cuyo alcance se vislumbrará en los meses venideros, tales como...

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LA NUEVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN IPARRALDE

LA NUEVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN IPARRALDE

El año 2004 marca un momento crucial en la política lingüística elaborada y posteriormente implementada en el País Vasco norte, en particular como consecuencia de la transformación de la Dirección de la Obra Pública, compuesta por el Estado francés, la Región Aquitania, el Departamento de los Pirineos Atlánticos y el Sindicato Intermunicipal de Apoyo a la Cultura Vasca, en la Oficina Pública de la Lengua Vasca (OPLV). Esto da cuenta de la voluntad de los poderes públicos de volver a un esquema más clásico en la gobernanza local, con, por un lado, las administraciones públicas, y, por otro, los actores asociativos reunidos en un Comité Consultivo, y de su deseo de llevar a cabo una política pública más ambiciosa a favor de la regeneración de la lengua vasca. Esta política encuentra su origen en la realización de las primeras encuestas sociolingüísticas de cierta envergadura, especialmente las de 1991 y 1996, y de los diagnósticos cualitativos iniciales, en el marco de la prospectiva País Vasco 2010, que constan, a la vez, de una vertiente diagnóstica y de una vertiente prospectiva. Estos estudios han permitido una toma de conciencia de los actores locales, lo que ha desembocado en la elaboración, de manera concertada, del Esquema de Ordenación Lingüística que se compone de una serie de medidas concretas. Después de un periodo de negociación, llevado a cabo por el Consejo de Electos del País Vasco, con la ayuda del Consejo de Desarrollo del País Vasco, algunas de las medidas preconizadas han sido contractualizadas en el marco del Convenio Específico País Vasco 2001-2006 firmado en diciembre de 2000. Una de las medidas hace alusión a la creación del Consejo de la Lengua Vasca, lugar de encuentro entre los diferentes actores concernidos por esta problemática. Ante la dificultad de hacer coexistir los actores asociativos e institucionales en el seno de una misma estructura, en un contexto de fuertes movilizaciones llevadas a cabo por la Plataforma Batera, que solicita, entre otras reivindicaciones, la cooficialidad de la lengua vasca, las autoridades deciden tomar de nuevo la iniciativa creando la OPLV. Esta nueva entidad tiene una doble misión: “concebir, definir y poner en marcha una política lingüística a favor de la lengua vasca”; y, movilizar los recursos financieros necesarios a su implementación. Esta nueva estructura, que toma la forma jurídica de una Agrupación de Interés Público, está compuesta por 12 miembros que representan, a partes iguales, a las cuatro instituciones previamente mencionadas; sabiendo que el Sindicato Intermunicipal de Apoyo a la Cultura Vasca es sustituida por la Comunidad de Aglomeración del País Vasco. Dotada de un presupuesto anual de más de 4 millones de euros, la OPLV dispone de un Comité Consultivo compuesto por tres tipos de...

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DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

Tras las elecciones generales del 10 de noviembre y la fragmentación del panorama político que ha surgido de las urnas, que convierten las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas en claves de cara a la investidura de Pedro Sánchez y a la gobernabilidad del futuro gobierno de coalición, el debate político vigente en el estado español gira en torno a las nociones de diálogo y negociación. El diálogo alude habitualmente al intercambio de ideas y de propuestas entre varios interlocutores, mientras que la negociación hace referencia a la búsqueda de un acuerdo que satisfaga las partes involucradas. En ese sentido, si la negociación supone el diálogo, puede haber diálogo sin negociación. De hecho, en los últimos años, si los gobiernos españoles han mostrado cierta disposición a dialogar con los gobiernos autonómicos y las fuerzas soberanistas, han sido reacios a iniciar unas verdaderas negociaciones que aspiren a solucionar los problemas políticos de fondo. El diálogo implica el reconocimiento de la otra parte como interlocutora legítima. El problema es que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha rechazado, hasta una fecha reciente, reunirse tanto con el President de la Generalitat, Quim Torra, prefiriendo una interlocución directa entre Carmen Calvo y Pere Aragonés, de cara a encauzar el problema catalán, como con EH Bildu para obtener su abstención en la investidura del candidato socialista. Por lo tanto, la primera condición del diálogo es que este último reconozca el principal representante de una institución cuyo cargo resulta de una decisión del Parlament catalán así como los parlamentarios elegidos en unas elecciones democráticas, sobre todo cuando aspira a obtener su apoyo directo o indirecto. Pero, el reconocimiento del otro como interlocutor legítimo es insuficiente, dado que el diálogo supone una escucha activa, sin la cual el encuentro se limita a una sucesión de monólogos. No se trata de exponer pura y simplemente los planteamientos políticos y las propuestas programáticas sino de tener en cuenta y de sopesar los argumentos avanzados por la otra parte de cara a buscar puntos de encuentro que puedan desembocar eventualmente en un proceso negociador. En ese sentido, el diálogo implica cierta empatía, es decir una capacidad de ponerse en el lugar del otro para comprender desde dónde habla, cuáles son sus motivaciones y a qué presiones debe enfrentarse, que sean de carácter organizativo, ideológico o mediático. Una vez superados estos escollos, puede iniciarse una negociación que debe tener en cuenta el marco normativo vigente sin por ello considerarlo como algo inamovible e insuperable, ya que cada ley, estatuto de autonomía y constitución contemplan mecanismos de modificación y son susceptibles de ser interpretados de manera flexible. En el caso vasco, la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Gernika...

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EL DEBATE SOBRE LA FISCALIDAD

EL DEBATE SOBRE LA FISCALIDAD

Durante el proceso de negociación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para el año 2020, varios partidos de la oposición, tales como EH Bildu, el Partido Popular y Ezker Anitza, componente de la coalición Elkarrekin Podemos, han solicitado que se proceda simultáneamente a una reforma fiscal, de diferente índole en función de las ideologías respectivas, para que el debate no gire solamente en torno al gasto público sino que aborde igualmente los ingresos fiscales. Estos últimos son aún más relevantes que, como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, aprobada por las Cortes Generales el 23 de agosto de 2011 con el apoyo del PP, del PSOE y de UPN, las administraciones públicas están obligadas a presentar cuentas equilibradas, a limitar notablemente las posibilidades de déficit público y a priorizar el pago de la deuda pública. Esta reforma resulta de la aprobación del Pacto Fiscal Europeo por los líderes europeos, que incluye el compromiso de cada país-miembro de incluir en su Constitución una regla de oro presupuestaria con el fin de restaurar la confianza financiera en Europa. En ese contexto, la discusión en torno a la fiscalidad resulta ineludible, más aún sabiendo que, en el Estado español, en 2018, la presión fiscal, que incluye los impuestos y las cotizaciones sociales, es del 35,4% del PIB, es decir “cinco puntos por debajo del promedio de la Unión Europea (40,3%) y seis puntos por debajo de la media de la eurozona (41,7%)”. La distancia que separa la península ibérica de los países europeos con mayor presión fiscal es superior todavía, dado que dicha presión es del 45,9% en Dinamarca, del 47,2% en Bélgica y del 48,4% en Francia. Y aunque la presión fiscal prevalente en el Estado haya aumentado ligeramente entre 2017 y 2018, pasando del 34,7% al 35,4%, es “el undécimo país de la Unión Europea con menor presión fiscal de un total de 28 países y el octavo si se tiene en cuenta solo a los 19 países de la eurozona”. Además, Bizkaia, Gipuzkoa y Araba se sitúan, junto a Madrid, a la cabeza de los territorios con menor presión fiscal del Estado español. Pero, además, la fiscalidad vigente en España es poco progresiva, como lo muestra la estructura de los ingresos fiscales, dado que las cotizaciones sociales equivalen al 12,4% del PIB, frente al 13,3% de media en la Unión Europea, los impuestos sobre la renta y el patrimonio suponen el 10,6% del PIB, frente al 13,2% de media en la UE, y el impuesto de sociedades es del 2,5%, dos décimas por debajo de la media comunitaria. Aunque sea conveniente introducir matices, la situación es relativamente similar en Euskadi, cuyas haciendas...

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CREDIBILIDAD Y CONFIANZA

CREDIBILIDAD Y CONFIANZA

La democracia representativa se sustenta en la elección al sufragio universal, directo o indirecto, de manera libre y secreta, de los representantes que, previamente a su elección, han defendido una ideología y presentado un programa que se comprometen a promover y/o a aplicar una vez elegidos. Esto supone cierta credibilidad de los candidatos, basada en sus competencias y habilidades a la hora de suscitar la adhesión de la población, generar una dinámica política o expresarse en público; en sus trayectorias vitales, profesionales y militantes; así como en la coherencia de sus pensamientos y acciones. De la misma forma, implica una sólida confianza entre los votantes y sus representantes, sustentada en la constancia de sus posicionamientos, la correspondencia entre sus discursos y actuaciones, y el respeto de la legalidad vigente. No en vano, hoy en día, asistimos a una pérdida preocupante de la credibilidad de los responsables políticos y de la confianza que los ciudadanos depositan en sus mandatarios, tal y como lo ponen de manifiesto los diferentes sondeos de opinión. Así, el barómetro del CIS indica que, para el 29,4% de la población española, los políticos representan uno de los principales problemas. Esa valoración negativa concierne los líderes políticos de todas las formaciones y afecta tanto a los partidos de gobierno como a las formaciones emergentes. A su vez, el nivel de confianza en los partidos políticos se sitúa a unos niveles históricamente bajos.     Por una parte, se observa una merma de la credibilidad de la clase política, en primer lugar, por su ineficacia y su incapacidad a arreglar los principales problemas a los que se enfrentan los ciudadanos, como pueden ser el desempleo, la precariedad laboral, los bajos salarios, las dificultades de acceso a una vivienda digna, la violencia de género, el calentamiento climático o el conflicto territorial. La crisis de 2008, que ha desembocado en un deterioro de la situación socioeconómica, y su gestión política, basada en la aplicación de políticas de austeridad, han acrecentado esa sensación de incapacidad de los políticos de influir positivamente en la situación diaria de los ciudadanos. En segundo lugar, ese desvanecimiento de la fiabilidad hunde sus raíces en la pérdida de valor de la palabra política. En efecto, los cambios constantes de opinión y las contradicciones frecuentes entre los compromisos adquiridos durante las campañas electorales y las acciones llevadas a cabo una vez llegados al poder, a propósito de políticas públicas concretas o de pactos, merman la credibilidad de los representantes políticos. Los cambios incesantes de Ciudadanos sobre posibles pactos con el PSOE o el apoyo a la investidura de Mariano Rajoy son prueba de ello. Los electores consideran que no son de fiar y subrayan la escasa coherencia...

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