Las últimas sentencias judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y de Navarra así como del Tribunal Constitucional español, lo más a menudo contrarias al uso preferente de la lengua vasca en la administración pública local y a la consideración del conocimiento del euskera como requisito o merito en el acceso a la función pública territorial, han puesto de manifiesto la euskarafobia persistente en el sistema judicial, tanto autonómico como estatal. Conviene recordar, a ese propósito, que la noción de euskarafobia proviene del concepto de glotofobia elaborado por el sociolingüista Philippe Blanchet para designar la estigmatización de una lengua que conduce a su discriminación, esta última provenga de las administraciones públicas, de los actores sociales o de ambos a la vez. Lo cierto es que, los jueces, magistrados y fiscales españoles han heredado de una historia marcada por la participación activa de la judicatura en la represión franquista a través de los consejos de guerra y los tribunales especiales antes de serlo vía el Tribunal de Orden Público que colaboró activamente con la Brigada Político-Social, y una cultura profesional, a la vez corporativista, conservadora y nacionalista española, intolerante hacia las lenguas minoritarias y desfavorable a su fomento. A su vez, en virtud del artículo 66.2 de la Constitución y de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 16/1994, su nombramiento no está exento de consideraciones políticas, dado que los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial son elegidos, en gran medida, por el Parlamento y el Ejecutivo central. Por último, su escaso dominio del euskera es palpable, de modo que la inmensa mayoría de los juicios en la CAV y en la CFN se desarrolle en castellano y el apego de la judicatura a la lengua vasca sea más bien escaso.  No en vano, tanto la Constitución española, los Estatutos de Autonomía de Gernika y de Nafarroa como las leyes autonómicas relativas a la lengua de Etxepare, tales como la Ley 10/1982 Básica de Normalización del Uso del Euskera y la Ley Foral 18/1986 del Euskera, no solamente confieren un estatus de cooficialidad a la lengua vasca en el conjunto del territorio (en la Comunidad Autónoma Vasca) o en su parte vascoparlante (en la Comunidad Foral de Navarra), sino que, además, reconocen una serie de derechos lingüísticos a los locutores de la lengua vasca, especialmente en sus relaciones con las administraciones públicas, sean estatales, autonómicas, forales o municipales, lo que implica el conocimiento del euskera por parte de los funcionarios y empleados públicos. Además, el euskera y su fomento son objeto de un consenso social creciente, tal y como lo muestran las encuestas sociolingüísticas realizadas desde 1991....

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El País Vasco norte carece, hoy en día, de un marco propio de relaciones laborales que permita a los agentes sociales del territorio negociar y llegar a acuerdos específicos sobre temas que afectan directamente a los trabajadores y a las empresas de Iparralde. Predomina un modelo, heredado de una cultura jacobina enraizada y de una organización político-administrativa centralizada, que no confía en los agentes sociales, que defenderían supuestamente unos intereses particulares frente a un Estado francés que sería el garante del interés general, y del ámbito local, considerado como el espacio del clientelismo y de las especificidades territoriales que pondrían en peligro la igualdad de los ciudadanos galos ante la ley. Esto hace que las relaciones laborales, que se desarrollan especialmente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se caractericen por su centralización. De hecho, el sistema vigente actualmente conoce un impulso durante la posguerra con la creación de la Seguridad Social en 1945, el reconocimiento del derecho de huelga y el derecho sindical que figura en el preámbulo de la Constitución en 1946, la aprobación de la ley sobre los convenios colectivos, la libertad de negociación y las condiciones de trabajo en 1950, la adopción de la ley que favorece la resolución de los conflictos colectivos de trabajo en 1957, el reconocimiento por el ministerio de Trabajo de las cinco organizaciones sindicales representativas a nivel estatal en 1966, la promulgación de la ley sobre la sección sindical de empresa en 1968 o de la ley que reconoce la existencia del derecho de los trabajadores a la negociación colectiva en 1971. Tras la victoria de la izquierda en 1981, el gobierno socialista facilita la aprobación de las cuatro leyes Auroux en 1982 relativas a las libertades de los trabajadores en la empresa, al desarrollo de las instituciones representativas del personal, a la negociación colectiva y a la resolución de las conflictos colectivos de trabajo, y al comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo. Si a lo largo de los años ochenta y noventa, se aprueban una serie de normas jurídicas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en 1989, hacer efectiva el derecho a la negociación en todas las empresas en 1995, informar y consultar a los asalariados en las empresas en 1996 o reducir la jornada laboral en 1998 y 2000, las últimas dos décadas se caracterizan por una voluntad de “modernizar las relaciones laborales”. Esta se traduce por la aprobación de un conjunto de leyes que pretenden relanzar la negociación colectiva en materia de despidos económicos en 2003, simplificar el derecho para permitir al gobierno transformar el código de trabajo por ordenanzas en 2004, modernizar el diálogo social en...

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La muerte del joven Nahel de 17 años de la mano de la policía francesa, en un caso evidente de abuso policial, ha provocado los disturbios urbanos más graves desde aquellos acontecidos en 2005 y que dieron lugar a la instauración del estado de emergencia por el gobierno liderado por Dominique de Villepin. Tras una semana de incidentes, el balance es desolador: 3.505 personas detenidas de las cuales 1.379 lo han sido en París y sus alrededores, 23.878 fuegos en la vía pública, 12.031 vehículos incendiados, 2.508 edificios incendiados o deteriorados, de los cuales 168 eran escuelas y 105 eran ayuntamientos. Los enfrentamientos con la policía han provocado numerosos heridos, tanto entre los jóvenes como entre las fuerzas de seguridad, y la Inspección general de la policía nacional gala ha abierto diez investigaciones sobre posibles casos de abuso policial. En ese sentido, conviene detenerse en las causas que han dado lugar a semejante desenlace. En primer lugar, esta situación es indisociable del proceso de guetización que han conocido ciertos barrios desfavorecidos, situados en la periferia de las principales metrópolis, donde se concentran colectivos que acumulan toda una serie de problemas sociales: fracaso escolar y abandono escolar prematuro, desempleo y precariedad laboral, pobreza y exclusión social, desestructuración familiar y familias monoparentales, segregación y discriminación, xenofobia y racismo, delincuencia e inseguridad. Este fenómeno ya fue puesto de manifiesto en 2008 por Didier Lapeyronnie en su libro, titulado Ghetto urbain, fruto de una investigación llevada a cabo tras los graves disturbios urbanos de 2005 que dieron lugar, en tres semanas, a 4.728 detenciones y a innumerables daños materiales. Lapeyronnie indicaba que los habitantes de estos barrios estaban “asignados a residencia” y condenados a vivir en unos barrios carentes de servicios públicos, comercios y puestos de trabajo, y, sobre todo, carecían de verdaderas perspectivas de futuro, en los ámbitos escolares, profesionales y residenciales.  En segundo lugar, es inseparable del deterioro de las relaciones entre la policía y los jóvenes de estos barrios, sobre todo a raíz del cambio de modelo policial impulsado por Nicolas Sarkozy, primero como ministro del Interior (entre 2002-2004 y 2005-2007) y luego como presidente de la República (2007-2012). En efecto, en 2003, Nicolas Sarkozy decidió poner fin a la policía de proximidad que había sido impulsada en 1998 por el gobierno de izquierdas, liderado por Lionel Jospin, que pretendía acercar las fuerzas del orden a la población, crear un clima de confianza, propiciar la convivencia y reducir la sensación de inseguridad. Sarkozy considera, por aquel entonces, que la principal misión de la policía consiste en detener a los delincuentes, poner fin a los tráficos de droga y reducir el número de delitos y homicidios. Para ello, pone en marcha...

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Vivimos cada vez más en una sociedad de la incertidumbre, no solamente porque asistimos a una sucesión de acontecimientos imprevistos, de la crisis financiera de 2008 a la crisis migratoria de 2015 pasando por el Brexit y la elección de Donald Trump para acabar con la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, sino, más fundamentalmente, porque se produce una diversificación e intensificación de la incertidumbre que afecta a todas las esferas de actividad y es cada vez más acuciante. Ante semejante panorama, que no está exento de riesgos y que genera cierta sensación de inseguridad, dado que es cada vez más difícil anticipar los acontecimientos y proyectarse en el futuro, es indispensable dotarse de un proyecto de territorio, elaborado de manera participativa, gracias a una estrecha colaboración entre las instituciones y la sociedad civil organizada.  De hecho, la incertidumbre se ha convertido en un rasgo característico de la sociedad contemporánea. Esta situación resulta, en gran medida, del debilitamiento de los grandes relatos, tales como la religión católica, la ideología comunista o el ideal democrático. Ese declive se acompaña de una aceleración de los cambios en todos los ámbitos, de las crisis económicas al calentamiento climático pasando por las recomposiciones políticas. Asimismo, está vinculada a la fragmentación creciente de la sociedad con la fragilización de la sociedad salarial y el debilitamiento del capital social, la erosión de las estructuras familiares y conyugales, o la crisis de los sistemas educativos y asistenciales. Por último, es inseparable de la individualización creciente de los gustos y de las prácticas, de las ideas y de las opiniones, de los modos de vida y de consumo.  La extensión de la incertidumbre se traduce por un incremento del riesgo y una exacerbación de su percepción social, lo que provoca, a su vez, una inseguridad y una sensación de inseguridad crecientes, sobre todo en los ámbitos sociales y sanitarios. Esto genera, simultáneamente, un incremento de la ansiedad de los jóvenes ante el calentamiento climático, de los adultos ante el incremento de la inflación y de las personas mayores ante el miedo a contagiarse, y, un auge del enfado social, perceptible en el movimiento contra la reforma de las pensiones en Francia, dando lugar a importantes movilizaciones y a huelgas generales.    Ante semejante paisaje, y apoyándose en una experiencia acumulada de tres décadas, el Consejo de Desarrollo del País Vasco Norte ha decidido lanzar un nuevo proyecto de territorio denominado País Vasco 2040. Inscribiéndose en la continuidad de la prospectiva País Vasco 2010, elaborada en 1993, y del proyecto de territorio País Vasco 2020, concebido en 2007, los actores de la sociedad civil organizada de Iparralde, con el respaldo de las instituciones, iniciarán en breve un...

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Tras cosechar los mejores resultados de su historia en unas elecciones municipales y forales, tanto en porcentajes como en votos (el 27,31% y 366.339 sufragios en el escrutinio municipal y el 26,02% y 345.991 papeletas en la contienda foral), a la vez en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, la izquierda independentista incrementa su representación institucional con 60 diputados forales y 1.399 concejales. Tras la noche electoral y el análisis de los resultados, y en vísperas de unas elecciones generales anticipadas, ha venido la hora de negociar y de pactar de cara a conseguir unas mayorías que permitan gobernar. En esta óptica, EH Bildu tiene tres opciones fundamentales. La primera consiste en practicar la geometría variable. Es lo que viene haciendo la coalición soberanista a lo largo de los últimos años, llegando a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, excepto con el Partido Popular y Vox. En efecto, EH Bildu ha apoyado el gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, tanto para la aprobación de presupuestos como de leyes, así como el gobierno navarro presidido por María Chivite en una óptica similar. En ambos casos, es cuestión de evitar, a la vez, la vuelta al poder de UPN o del PP, con el apoyo de la extrema derecha, y de promover avances en materia de políticas sociales, autogobierno y convivencia. En el ámbito municipal, ha pactado tanto con el PSE en Eibar e Irun, con Elkarrekin Podemos en Durango y Galdakao como con el PNV en la rioja alavesa con objetivos análogos. Esta estrategia tiene la ventaja de asentar políticamente el proyecto de la izquierda abertzale, de propiciar su progresión electoral a corto y medio plazo y de situar a la coalición soberanista en una posición de centralidad al ser capaz de pactar con la práctica totalidad del espectro político. El único inconveniente es que, en un modo de escrutinio proporcional a una vuelta donde es difícil conseguir mayorías absolutas, EH Bildu se expone al riesgo de que el pacto entre otros partidos, que gocen o no de un sistema de alianzas estable y global, pueda arrebatarle instituciones, a pesar de que sea la fuerza más votada y haya obtenido el mayor número de cargos electos. La segunda posibilidad, que es perfectamente compatible con la primera, radica en llegar a un pacto, como socio preferente, con una formación o una colación de partidos minoritarias, a la imagen de Elkarrekin Podemos. Dicho pacto gozaría de cierta estabilidad y permitiría gobernar en coalición o con el apoyo externo de ese socio preferente en el marco de pactos de gobierno, pactos de legislatura o acuerdos presupuestarios. Además de fortalecer las mayorías vigentes, permitir superar los actos de...

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En progresión en los últimos escrutinios electorales, EH Bildu goza de un crecimiento potencial no desdeñable en los años venideros, a la vez, porque no ha alcanzado todavía su techo electoral del periodo 2011-2012 y porque, en razón de su posicionamiento, su estrategia y sus pactos, puede aspirar a superar sus mejores resultados alcanzados tras el final de la lucha armada practicada por ETA. De hecho, en las elecciones generales de 2019, la formación independentista progresó tanto en votos (+17.974) como en escaños (+1), y, sucedió algo parecido en las elecciones al parlamento de Gasteiz de 2020 donde cosechó 24.408 sufragios adicionales y 3 diputados más. La Comunidad Foral de Navarra no constituyó ninguna excepción al respecto, dado que, en las elecciones municipales de 2019, EH Bildu obtuvo 67.515 votos (+3,28%) y 320 concejales, siendo la primera fuerza en cuanto a número de ediles, por delante de Navarra Suma (298). Quedan lejos los resultados cosechados en las elecciones generales de 2015 y 2016 así como en las elecciones autonómicas de 2016, fuertemente marcados por la irrupción de Podemos, que se tradujo, momentáneamente, por una pérdida de apoyo electoral y de representación institucional en beneficio de la formación morada. Las elecciones municipales y forales del 28 de mayo de 2023 parecen confirmar, a tenor de los últimos sondeos sobre intención de votos, una progresión de la izquierda soberanista en votos, en porcentajes así como en número de representantes, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral de Navarra. Así, según el sondeo realizado por Aztiker, en Gipuzkoa, EH Bildu obtendría el 33,6% de los sufragios (+2%) y ganaría 2 escaños; en Bizkaia, conseguiría el 21,3% de los votos (+1,6%) y 1 edil más; en Araba, cosecharía el 22,2% de las papeletas, es decir un incremento del 1,2% con respecto a las elecciones forales de 2019. En Nafarroa, también, la formación nacionalista progresaría tanto en votos (+1,6%) como en escaños (+1). Los sondeos realizados por otros institutos confirman ese auge de la intención de votos a favor de EH Bildu. Así, el último Sociómetro indica que “EH Bildu reforzaría su segundo puesto, acortando distancias [con el PNV] y sumando representación en todos los casos”. De hecho, ganaría el 1,5% en Gipuzkoa, dos puntos en Bizkaia y un punto adicional en Araba. Augura un avance similar en las tres capitales provinciales de la CAV, puesto que ganaría un escaño más en Gasteiz (7 escaños), en Donostia (7 escaños) y en Bilbo (5 escaños). Incluso en semejante caso, EH Bildu no habría alcanzado todavía su techo electoral en cuanto a número de votos. En efecto, en las elecciones forales de 2011 acontecidas en la CAV, Bildu consiguió 273.148 votos; en las...

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