EL DEBATE SOBRE LA FISCALIDAD
Durante el proceso de negociación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para el año 2020, varios partidos de la oposición, tales como EH Bildu, el Partido Popular y Ezker Anitza, componente de la coalición Elkarrekin Podemos, han solicitado que se proceda simultáneamente a una reforma fiscal, de diferente índole en función de las ideologías respectivas, para que el debate no gire solamente en torno al gasto público sino que aborde igualmente los ingresos fiscales. Estos últimos son aún más relevantes que, como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, aprobada por las Cortes Generales el 23 de agosto de 2011 con el apoyo del PP, del PSOE y de UPN, las administraciones públicas están obligadas a presentar cuentas equilibradas, a limitar notablemente las posibilidades de déficit público y a priorizar el pago de la deuda pública. Esta reforma resulta de la aprobación del Pacto Fiscal Europeo por los líderes europeos, que incluye el compromiso de cada país-miembro de incluir en su Constitución una regla de oro presupuestaria con el fin de restaurar la confianza financiera en Europa. En ese contexto, la discusión en torno a la fiscalidad resulta ineludible, más aún sabiendo que, en el Estado español, en 2018, la presión fiscal, que incluye los impuestos y las cotizaciones sociales, es del 35,4% del PIB, es decir “cinco puntos por debajo del promedio de la Unión Europea (40,3%) y seis puntos por debajo de la media de la eurozona (41,7%)”. La distancia que separa la península ibérica de los países europeos con mayor presión fiscal es superior todavía, dado que dicha presión es del 45,9% en Dinamarca, del 47,2% en Bélgica y del 48,4% en Francia. Y aunque la presión fiscal prevalente en el Estado haya aumentado ligeramente entre 2017 y 2018, pasando del 34,7% al 35,4%, es “el undécimo país de la Unión Europea con menor presión fiscal de un total de 28 países y el octavo si se tiene en cuenta solo a los 19 países de la eurozona”. Además, Bizkaia, Gipuzkoa y Araba se sitúan, junto a Madrid, a la cabeza de los territorios con menor presión fiscal del Estado español. Pero, además, la fiscalidad vigente en España es poco progresiva, como lo muestra la estructura de los ingresos fiscales, dado que las cotizaciones sociales equivalen al 12,4% del PIB, frente al 13,3% de media en la Unión Europea, los impuestos sobre la renta y el patrimonio suponen el 10,6% del PIB, frente al 13,2% de media en la UE, y el impuesto de sociedades es del 2,5%, dos décimas por debajo de la media comunitaria. Aunque sea conveniente introducir matices, la situación es relativamente similar en Euskadi, cuyas haciendas...
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