DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

Tras las elecciones generales del 10 de noviembre y la fragmentación del panorama político que ha surgido de las urnas, que convierten las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas en claves de cara a la investidura de Pedro Sánchez y a la gobernabilidad del futuro gobierno de coalición, el debate político vigente en el estado español gira en torno a las nociones de diálogo y negociación. El diálogo alude habitualmente al intercambio de ideas y de propuestas entre varios interlocutores, mientras que la negociación hace referencia a la búsqueda de un acuerdo que satisfaga las partes involucradas. En ese sentido, si la negociación supone el diálogo, puede haber diálogo sin negociación. De hecho, en los últimos años, si los gobiernos españoles han mostrado cierta disposición a dialogar con los gobiernos autonómicos y las fuerzas soberanistas, han sido reacios a iniciar unas verdaderas negociaciones que aspiren a solucionar los problemas políticos de fondo. El diálogo implica el reconocimiento de la otra parte como interlocutora legítima. El problema es que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha rechazado, hasta una fecha reciente, reunirse tanto con el President de la Generalitat, Quim Torra, prefiriendo una interlocución directa entre Carmen Calvo y Pere Aragonés, de cara a encauzar el problema catalán, como con EH Bildu para obtener su abstención en la investidura del candidato socialista. Por lo tanto, la primera condición del diálogo es que este último reconozca el principal representante de una institución cuyo cargo resulta de una decisión del Parlament catalán así como los parlamentarios elegidos en unas elecciones democráticas, sobre todo cuando aspira a obtener su apoyo directo o indirecto. Pero, el reconocimiento del otro como interlocutor legítimo es insuficiente, dado que el diálogo supone una escucha activa, sin la cual el encuentro se limita a una sucesión de monólogos. No se trata de exponer pura y simplemente los planteamientos políticos y las propuestas programáticas sino de tener en cuenta y de sopesar los argumentos avanzados por la otra parte de cara a buscar puntos de encuentro que puedan desembocar eventualmente en un proceso negociador. En ese sentido, el diálogo implica cierta empatía, es decir una capacidad de ponerse en el lugar del otro para comprender desde dónde habla, cuáles son sus motivaciones y a qué presiones debe enfrentarse, que sean de carácter organizativo, ideológico o mediático. Una vez superados estos escollos, puede iniciarse una negociación que debe tener en cuenta el marco normativo vigente sin por ello considerarlo como algo inamovible e insuperable, ya que cada ley, estatuto de autonomía y constitución contemplan mecanismos de modificación y son susceptibles de ser interpretados de manera flexible. En el caso vasco, la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Gernika...

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EL DEBATE SOBRE LA FISCALIDAD

EL DEBATE SOBRE LA FISCALIDAD

Durante el proceso de negociación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para el año 2020, varios partidos de la oposición, tales como EH Bildu, el Partido Popular y Ezker Anitza, componente de la coalición Elkarrekin Podemos, han solicitado que se proceda simultáneamente a una reforma fiscal, de diferente índole en función de las ideologías respectivas, para que el debate no gire solamente en torno al gasto público sino que aborde igualmente los ingresos fiscales. Estos últimos son aún más relevantes que, como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, aprobada por las Cortes Generales el 23 de agosto de 2011 con el apoyo del PP, del PSOE y de UPN, las administraciones públicas están obligadas a presentar cuentas equilibradas, a limitar notablemente las posibilidades de déficit público y a priorizar el pago de la deuda pública. Esta reforma resulta de la aprobación del Pacto Fiscal Europeo por los líderes europeos, que incluye el compromiso de cada país-miembro de incluir en su Constitución una regla de oro presupuestaria con el fin de restaurar la confianza financiera en Europa. En ese contexto, la discusión en torno a la fiscalidad resulta ineludible, más aún sabiendo que, en el Estado español, en 2018, la presión fiscal, que incluye los impuestos y las cotizaciones sociales, es del 35,4% del PIB, es decir “cinco puntos por debajo del promedio de la Unión Europea (40,3%) y seis puntos por debajo de la media de la eurozona (41,7%)”. La distancia que separa la península ibérica de los países europeos con mayor presión fiscal es superior todavía, dado que dicha presión es del 45,9% en Dinamarca, del 47,2% en Bélgica y del 48,4% en Francia. Y aunque la presión fiscal prevalente en el Estado haya aumentado ligeramente entre 2017 y 2018, pasando del 34,7% al 35,4%, es “el undécimo país de la Unión Europea con menor presión fiscal de un total de 28 países y el octavo si se tiene en cuenta solo a los 19 países de la eurozona”. Además, Bizkaia, Gipuzkoa y Araba se sitúan, junto a Madrid, a la cabeza de los territorios con menor presión fiscal del Estado español. Pero, además, la fiscalidad vigente en España es poco progresiva, como lo muestra la estructura de los ingresos fiscales, dado que las cotizaciones sociales equivalen al 12,4% del PIB, frente al 13,3% de media en la Unión Europea, los impuestos sobre la renta y el patrimonio suponen el 10,6% del PIB, frente al 13,2% de media en la UE, y el impuesto de sociedades es del 2,5%, dos décimas por debajo de la media comunitaria. Aunque sea conveniente introducir matices, la situación es relativamente similar en Euskadi, cuyas haciendas...

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