En los últimos años, especialmente en la Comunidad Autónoma Vasca, estamos asistiendo a una inversión progresiva del discurso sobre la discriminación lingüística donde los hispanohablantes pretenden estar discriminados por no dominar el euskera, lo que les impediría acceder a ciertas plazas de la función pública o les penalizaría en su carrera profesional, dado que el conocimiento de la lengua propia del territorio es reconocido como mérito en las ofertas públicas de empleo. Lejos de limitarse a una mera percepción social o a una opinión individual, se traduce por la presentación de recursos ante los tribunales, a veces apoyados por sindicatos de ámbito estatal. Varios de estos recursos han dado lugar a sentencias favorables a los demandantes, poniendo en cuestión la exigencia del conocimiento de la lengua de Etxepare e incluso el sistema de perfiles lingüísticos en vigor en la administración vasca. En efecto, desde el año 2020, varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han anulado cláusulas, condiciones o requisitos sobre el euskera.   Una de las últimas sentencias resulta del recurso presentado por un particular ante la Sala de lo contencioso-administrativo n°2 de Donostia contra las bases generales del proceso selectivo de la Oferta Pública de Empleo del personal administrativo para la estabilización del empleo aprobado por la Diputación Foral de Gipuzkoa el 29 de diciembre de 2022. Presentado en la fase final del proceso de adjudicación de las plazas, tras la publicación de la lista de las 119 personas seleccionadas, provoca la suspensión cautelar del proceso en cuestión a la espera de una sentencia firme. Dichas bases pretenden garantizar, a través de un concurso de méritos, que los empleados públicos de la entidad foral estén en condiciones de atender al público y de responder a las solicitudes de los usuarios en la lengua oficial elegida por estos últimos. En ese sentido, la propia Diputación Foral estima que “pedir como requisito a una persona empleada pública que sepa euskera, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, no puede considerarse una discriminación”. La normativa en vigor ampara dicha institución. De hecho, no solamente el artículo 3 de la Constitución española reconoce el euskera como la lengua oficial de esa Comunidad Autónoma y considera que esta lengua “es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, sino que el artículo 6 del Estatuto de Gernika establece que el euskera, como “lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas”. Y añade que “nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua”. Además, la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica...

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Las dificultades para obtener una cita en Osakidetza, las largas listas de espera para ser operado, los problemas para contratar personal sanitario, la alta interinidad en la función pública, la mala calidad de la comida ofertada en ciertos centros escolares o las huelgas de los profesionales en las residencias para personas mayores ponen de manifiesto que el modelo de gestión de los servicios públicos que ha sido implementado a lo largo de las últimas décadas está crisis. Este profundo malestar, tanto de los profesionales como de la propia ciudadanía, hunde sus raíces en un modelo mixto elaborado tras la transición que se basa en la colaboración entre administraciones públicas, empresas privadas y entidades del tercer sector. Un sector público duraderamente atrofiado y escasamente financiado se compagina con una externalización y delegación de numerosas tareas, bien a través de concursos públicos a los que se presentan empresas privadas, bien vía subvenciones concedidas a asociaciones sin ánimo de lucro.   En efecto, el modelo actual surge del franquismo, donde prevalece un reparto del tareas entre el Estado (que asume las funciones regalianas) y la Iglesia católica (que se encarga de la educación, la sanidad y la asistencia social), una escasa presión fiscal y una práctica de la beneficencia social, muy alejada del Estado social y, qué decir, del Estado de Bienestar que se desarrolla en la mayoría de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Y la transición no introduce una ruptura con el modelo anterior sino que busca compaginar el antiguo régimen con la monarquía parlamentaria que surge a raíz de la Constitucion española, el Estatuto de Autonomía de Gernika y el Amejoramiento Navarro. A partir de entonces, la CAV se dota progresivamente de un Estado social, compaginando las entidades existentes, a menudo asociados a la Iglesia católica como Cáritas, con las administraciones territoriales de nueva creación. Todo ello está financiado por una fiscalidad poco progresiva y cuya presión es netamente inferior al de los países europeos más avanzados. Esto da lugar a un modelo de servicios públicos donde las administraciones autonómicas, forales y municipales se han dotado de servicios que gestionan directamente a través de entidades propias y de empleados específicos, aunque el 40% del personal de Osakidetza y de la enseñanza no universitaria sea interino y se externalicen numerosas actividades a entidades privadas. Por una parte, las administraciones vascas sacan a concurso público, con los pliegos de condiciones correspondientes, toda una serie de actividades, tales como la seguridad, la limpieza o la comida, a los que se presentan empresas privadas con ánimo de lucro. Para conseguir estos contratos ganando dinero, estas empresas compaginan una precariedad laboral manifiesta con un servicio de escasa calidad, lo que se traduce...

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Las últimas sentencias judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y de Navarra así como del Tribunal Constitucional español, lo más a menudo contrarias al uso preferente de la lengua vasca en la administración pública local y a la consideración del conocimiento del euskera como requisito o merito en el acceso a la función pública territorial, han puesto de manifiesto la euskarafobia persistente en el sistema judicial, tanto autonómico como estatal. Conviene recordar, a ese propósito, que la noción de euskarafobia proviene del concepto de glotofobia elaborado por el sociolingüista Philippe Blanchet para designar la estigmatización de una lengua que conduce a su discriminación, esta última provenga de las administraciones públicas, de los actores sociales o de ambos a la vez. Lo cierto es que, los jueces, magistrados y fiscales españoles han heredado de una historia marcada por la participación activa de la judicatura en la represión franquista a través de los consejos de guerra y los tribunales especiales antes de serlo vía el Tribunal de Orden Público que colaboró activamente con la Brigada Político-Social, y una cultura profesional, a la vez corporativista, conservadora y nacionalista española, intolerante hacia las lenguas minoritarias y desfavorable a su fomento. A su vez, en virtud del artículo 66.2 de la Constitución y de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 16/1994, su nombramiento no está exento de consideraciones políticas, dado que los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial son elegidos, en gran medida, por el Parlamento y el Ejecutivo central. Por último, su escaso dominio del euskera es palpable, de modo que la inmensa mayoría de los juicios en la CAV y en la CFN se desarrolle en castellano y el apego de la judicatura a la lengua vasca sea más bien escaso.  No en vano, tanto la Constitución española, los Estatutos de Autonomía de Gernika y de Nafarroa como las leyes autonómicas relativas a la lengua de Etxepare, tales como la Ley 10/1982 Básica de Normalización del Uso del Euskera y la Ley Foral 18/1986 del Euskera, no solamente confieren un estatus de cooficialidad a la lengua vasca en el conjunto del territorio (en la Comunidad Autónoma Vasca) o en su parte vascoparlante (en la Comunidad Foral de Navarra), sino que, además, reconocen una serie de derechos lingüísticos a los locutores de la lengua vasca, especialmente en sus relaciones con las administraciones públicas, sean estatales, autonómicas, forales o municipales, lo que implica el conocimiento del euskera por parte de los funcionarios y empleados públicos. Además, el euskera y su fomento son objeto de un consenso social creciente, tal y como lo muestran las encuestas sociolingüísticas realizadas desde 1991....

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El País Vasco norte carece, hoy en día, de un marco propio de relaciones laborales que permita a los agentes sociales del territorio negociar y llegar a acuerdos específicos sobre temas que afectan directamente a los trabajadores y a las empresas de Iparralde. Predomina un modelo, heredado de una cultura jacobina enraizada y de una organización político-administrativa centralizada, que no confía en los agentes sociales, que defenderían supuestamente unos intereses particulares frente a un Estado francés que sería el garante del interés general, y del ámbito local, considerado como el espacio del clientelismo y de las especificidades territoriales que pondrían en peligro la igualdad de los ciudadanos galos ante la ley. Esto hace que las relaciones laborales, que se desarrollan especialmente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se caractericen por su centralización. De hecho, el sistema vigente actualmente conoce un impulso durante la posguerra con la creación de la Seguridad Social en 1945, el reconocimiento del derecho de huelga y el derecho sindical que figura en el preámbulo de la Constitución en 1946, la aprobación de la ley sobre los convenios colectivos, la libertad de negociación y las condiciones de trabajo en 1950, la adopción de la ley que favorece la resolución de los conflictos colectivos de trabajo en 1957, el reconocimiento por el ministerio de Trabajo de las cinco organizaciones sindicales representativas a nivel estatal en 1966, la promulgación de la ley sobre la sección sindical de empresa en 1968 o de la ley que reconoce la existencia del derecho de los trabajadores a la negociación colectiva en 1971. Tras la victoria de la izquierda en 1981, el gobierno socialista facilita la aprobación de las cuatro leyes Auroux en 1982 relativas a las libertades de los trabajadores en la empresa, al desarrollo de las instituciones representativas del personal, a la negociación colectiva y a la resolución de las conflictos colectivos de trabajo, y al comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo. Si a lo largo de los años ochenta y noventa, se aprueban una serie de normas jurídicas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en 1989, hacer efectiva el derecho a la negociación en todas las empresas en 1995, informar y consultar a los asalariados en las empresas en 1996 o reducir la jornada laboral en 1998 y 2000, las últimas dos décadas se caracterizan por una voluntad de “modernizar las relaciones laborales”. Esta se traduce por la aprobación de un conjunto de leyes que pretenden relanzar la negociación colectiva en materia de despidos económicos en 2003, simplificar el derecho para permitir al gobierno transformar el código de trabajo por ordenanzas en 2004, modernizar el diálogo social en...

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La muerte del joven Nahel de 17 años de la mano de la policía francesa, en un caso evidente de abuso policial, ha provocado los disturbios urbanos más graves desde aquellos acontecidos en 2005 y que dieron lugar a la instauración del estado de emergencia por el gobierno liderado por Dominique de Villepin. Tras una semana de incidentes, el balance es desolador: 3.505 personas detenidas de las cuales 1.379 lo han sido en París y sus alrededores, 23.878 fuegos en la vía pública, 12.031 vehículos incendiados, 2.508 edificios incendiados o deteriorados, de los cuales 168 eran escuelas y 105 eran ayuntamientos. Los enfrentamientos con la policía han provocado numerosos heridos, tanto entre los jóvenes como entre las fuerzas de seguridad, y la Inspección general de la policía nacional gala ha abierto diez investigaciones sobre posibles casos de abuso policial. En ese sentido, conviene detenerse en las causas que han dado lugar a semejante desenlace. En primer lugar, esta situación es indisociable del proceso de guetización que han conocido ciertos barrios desfavorecidos, situados en la periferia de las principales metrópolis, donde se concentran colectivos que acumulan toda una serie de problemas sociales: fracaso escolar y abandono escolar prematuro, desempleo y precariedad laboral, pobreza y exclusión social, desestructuración familiar y familias monoparentales, segregación y discriminación, xenofobia y racismo, delincuencia e inseguridad. Este fenómeno ya fue puesto de manifiesto en 2008 por Didier Lapeyronnie en su libro, titulado Ghetto urbain, fruto de una investigación llevada a cabo tras los graves disturbios urbanos de 2005 que dieron lugar, en tres semanas, a 4.728 detenciones y a innumerables daños materiales. Lapeyronnie indicaba que los habitantes de estos barrios estaban “asignados a residencia” y condenados a vivir en unos barrios carentes de servicios públicos, comercios y puestos de trabajo, y, sobre todo, carecían de verdaderas perspectivas de futuro, en los ámbitos escolares, profesionales y residenciales.  En segundo lugar, es inseparable del deterioro de las relaciones entre la policía y los jóvenes de estos barrios, sobre todo a raíz del cambio de modelo policial impulsado por Nicolas Sarkozy, primero como ministro del Interior (entre 2002-2004 y 2005-2007) y luego como presidente de la República (2007-2012). En efecto, en 2003, Nicolas Sarkozy decidió poner fin a la policía de proximidad que había sido impulsada en 1998 por el gobierno de izquierdas, liderado por Lionel Jospin, que pretendía acercar las fuerzas del orden a la población, crear un clima de confianza, propiciar la convivencia y reducir la sensación de inseguridad. Sarkozy considera, por aquel entonces, que la principal misión de la policía consiste en detener a los delincuentes, poner fin a los tráficos de droga y reducir el número de delitos y homicidios. Para ello, pone en marcha...

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Vivimos cada vez más en una sociedad de la incertidumbre, no solamente porque asistimos a una sucesión de acontecimientos imprevistos, de la crisis financiera de 2008 a la crisis migratoria de 2015 pasando por el Brexit y la elección de Donald Trump para acabar con la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, sino, más fundamentalmente, porque se produce una diversificación e intensificación de la incertidumbre que afecta a todas las esferas de actividad y es cada vez más acuciante. Ante semejante panorama, que no está exento de riesgos y que genera cierta sensación de inseguridad, dado que es cada vez más difícil anticipar los acontecimientos y proyectarse en el futuro, es indispensable dotarse de un proyecto de territorio, elaborado de manera participativa, gracias a una estrecha colaboración entre las instituciones y la sociedad civil organizada.  De hecho, la incertidumbre se ha convertido en un rasgo característico de la sociedad contemporánea. Esta situación resulta, en gran medida, del debilitamiento de los grandes relatos, tales como la religión católica, la ideología comunista o el ideal democrático. Ese declive se acompaña de una aceleración de los cambios en todos los ámbitos, de las crisis económicas al calentamiento climático pasando por las recomposiciones políticas. Asimismo, está vinculada a la fragmentación creciente de la sociedad con la fragilización de la sociedad salarial y el debilitamiento del capital social, la erosión de las estructuras familiares y conyugales, o la crisis de los sistemas educativos y asistenciales. Por último, es inseparable de la individualización creciente de los gustos y de las prácticas, de las ideas y de las opiniones, de los modos de vida y de consumo.  La extensión de la incertidumbre se traduce por un incremento del riesgo y una exacerbación de su percepción social, lo que provoca, a su vez, una inseguridad y una sensación de inseguridad crecientes, sobre todo en los ámbitos sociales y sanitarios. Esto genera, simultáneamente, un incremento de la ansiedad de los jóvenes ante el calentamiento climático, de los adultos ante el incremento de la inflación y de las personas mayores ante el miedo a contagiarse, y, un auge del enfado social, perceptible en el movimiento contra la reforma de las pensiones en Francia, dando lugar a importantes movilizaciones y a huelgas generales.    Ante semejante paisaje, y apoyándose en una experiencia acumulada de tres décadas, el Consejo de Desarrollo del País Vasco Norte ha decidido lanzar un nuevo proyecto de territorio denominado País Vasco 2040. Inscribiéndose en la continuidad de la prospectiva País Vasco 2010, elaborada en 1993, y del proyecto de territorio País Vasco 2020, concebido en 2007, los actores de la sociedad civil organizada de Iparralde, con el respaldo de las instituciones, iniciarán en breve un...

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