20 Ahoz Aho

Tras las elecciones generales del 10 de noviembre y la fragmentación del panorama político que ha surgido de las urnas, que convierten las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas en claves de cara a la investidura de Pedro Sánchez y a la gobernabilidad del futuro gobierno de coalición, el debate político vigente en el estado español gira en torno a las nociones de diálogo y negociación. El diálogo alude habitualmente al intercambio de ideas y de propuestas entre varios interlocutores, mientras que la negociación hace referencia a la búsqueda de un acuerdo que satisfaga las partes involucradas. En ese sentido, si la negociación supone el diálogo, puede haber diálogo sin negociación. De hecho, en los últimos años, si los gobiernos españoles han mostrado cierta disposición a dialogar con los gobiernos autonómicos y las fuerzas soberanistas, han sido reacios a iniciar unas verdaderas negociaciones que aspiren a solucionar los problemas políticos de fondo. El diálogo implica el reconocimiento de la otra parte como interlocutora legítima. El problema es que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha rechazado, hasta una fecha reciente, reunirse tanto con el President de la Generalitat, Quim Torra, prefiriendo una interlocución directa entre Carmen Calvo y Pere Aragonés, de cara a encauzar el problema catalán, como con EH Bildu para obtener su abstención en la investidura del candidato socialista. Por lo tanto, la primera condición del diálogo es que este último reconozca el principal representante de una institución cuyo cargo resulta de una decisión del Parlament catalán así como los parlamentarios elegidos en unas elecciones democráticas, sobre todo cuando aspira a obtener su apoyo directo o indirecto. Pero, el reconocimiento del otro como interlocutor legítimo es insuficiente, dado que el diálogo supone una escucha activa, sin la cual el encuentro se limita a una sucesión de monólogos. No se trata de exponer pura y simplemente los planteamientos políticos y las propuestas programáticas sino de tener en cuenta y de sopesar los argumentos avanzados por la otra parte de cara a buscar puntos de encuentro que puedan desembocar eventualmente en un proceso negociador. En ese sentido, el diálogo implica cierta empatía, es decir una capacidad de ponerse en el lugar del otro para comprender desde dónde habla, cuáles son sus motivaciones y a qué presiones debe enfrentarse, que sean de carácter organizativo, ideológico o mediático. Una vez superados estos escollos, puede iniciarse una negociación que debe tener en cuenta el marco normativo vigente sin por ello considerarlo como algo inamovible e insuperable, ya que cada ley, estatuto de autonomía y constitución contemplan mecanismos de modificación y son susceptibles de ser interpretados de manera flexible. En el caso vasco, la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Gernika...